La tormenta desatada sobre la gobernanza de Unicaja Banco y la gestión de su accionista mayoritario, muchas veces runruneada sotto voce, aparece públicamente rodeada de oscuridad, llamativos silencios y, por qué no decirlo, demasiadas sorpresas fingidas. Cuando las manchas del descontrol, la delincuencia económica y los desmanes en el sector financiero parecían difuminarse y las responsabilidades de algunos de sus históricos y reputados gestores se tenían por depuradas, la mentada entidad andaluza, durante años buque insignia del sistema financiero en Andalucía y faro guía de su política, nos devuelve a un escenario de riesgo que creíamos superado y, en todo caso, contrario a los intereses generales de Andalucía.

La relevante posición de la entidad en el territorio y la gravedad de los hechos e imputaciones circulantes obligan a extremar la prudencia a la hora de emitir juicios u opiniones que, necesariamente, han de ser mesurados y provisionales. La información disponible parece apuntar a un agudo conflicto de intereses, previa y ampliamente conocido, que ha acabado por incrustarse sólidamente en la gobernanza de la entidad, hasta convertirse en matriz de enconadas luchas internas de poder y razón última del actual desencuentro entre la entidad y su accionista mayoritario con las instituciones reguladoras y con el entorno sociopolítico. Así las cosas, quizá resulte provechoso poner luces largas y reflexionar sobre las causas de una situación deplorable y arriesgada para el interés general de los andaluces. Pasado y presente son dos tiempos que se iluminan recíprocamente y, por lo general, no pueden entenderse cabalmente el uno sin el otro.

Nada de lo ocurrido en nuestro sector financiero, a lo largo de los últimos decenios, ha escapado a la intervención directa o indirecta, explícita o implícita, positiva o negativa de Unicaja. Para bien o para mal. Cualquier observador mínimamente atento al mundo financiero andaluz y, desde luego, los participantes en él admitirán sin dificultad que Unicaja ha sido la entidad financiera que ha pilotado, en exclusiva y bajo bandera andaluza privativa, la política financiera de los sucesivos gobiernos de la Comunidad Autónoma, mediante una gobernanza invariable y con la implícita anuencia de los gobernantes, la complacencia pasiva de sus opositores políticos y el acompañamiento del nutrido “coro de los grillos que cantan a la luna”.

Durante años, en Andalucía, la señalización política en materia de ordenación financiera marcó una dirección obligatoria y de sentido único, tanto desde la perspectiva territorial como institucional, conducente a Unicaja. La propuesta, con distintos formatos, parecía sustanciarse invariablemente en un proyecto de concentración de todas las entidades financieras, mediante absorción incondicional y plena por una de ellas, a corto, medio o largo plazo. Sin gran esfuerzo argumental sobre su racionalidad económica y con evidente desatención a los desequilibrios sociales y territoriales que de ello pudieran derivarse. Ninguna otra propuesta o movimiento en sentido distinto lograron, durante esos años, su admisión a trámite o su simple toma en consideración. Hay quienes piensan, sin poner en cuestión la solidez y la solvencia financiera de la entidad andaluza, que la llamativa sintonía y unidad de acción entre la política gubernamental y los intereses de Unicaja sigue sin dar respuesta satisfactoria a preguntas que quizá ayudarían a esclarecer y entender la actual situación.

En todo caso, alguien debería aclarar el significado y el alcance del “radical cambio de tendencia” que estos días se proclama respecto a la política desplegada por los gobiernos que ahora escenifican escándalo, lanzan duras imputaciones, ponen nombre a los responsables, les señalan la puerta de salida y anuncian vagas e inconcretas medidas correctoras. Poner el acento en señalamientos individuales e imputaciones retroactivas, personalizando morbosamente el problema, puede ser un recurso adecuado para eludir responsabilidades, esconder viejas complicidades y ocultar extrañas connivencias, pero de escasa utilidad para garantizar y proteger eficazmente los intereses sociales. De ahí que se echen de menos las explicaciones sobre el susodicho cambio de la tendencia que supuestamente nos ha traído hasta aquí y los análisis sobre las verdaderas causas de esta lamentable situación.

No hace falta decir que nada justifica los comportamientos antisociales, contrarios al interés general o al ordenamiento jurídico. Todas las responsabilidades han de ser depuradas y la justicia restitutiva debe ser rigurosamente activada, por supuesto. En democracia no caben espacios de inmunidad, zonas de exclusión jurídica ni poderes desvinculados y sin control. Lo contrario, además de suponer la quiebra del Estado de Derecho, es el correlato de la irresponsabilidad y de la renuncia, siempre arriesgada y peligrosa, a la defensa del interés general mediante la ley y la acción política. Mientras tanto, importa saber por qué los héroes han mutado repentinamente en villanos. Por qué quien otrora fuera referente ejemplar es hoy piedra de escándalo. Por qué quienes ayer disfrutaban del privilegio de tener todas las puertas abiertas hoy solo tienen expedita la de salida.

Nuestra Comunidad Autónoma lleva en su ADN el hecho histórico diferencial de la marginación social, la discriminación económica y el desequilibrio territorial, que fundamenta y da sentido a su configuración institucional y su acción política. Por tanto, cuando la acción política se inhibe ante los requerimientos del mandato representativo y sus depositarios dejan la bandera de los intereses generales en otras manos, a cuyas decisiones se encomiendan incondicionalmente, están desnaturalizando la política, pervirtiendo su razón de ser y poniendo en peligro intereses generales. Muchos riesgos sociales y no pocas sorpresas desagradables podrían ahorrarse evitando actitudes complacientes de entreguismo y sometimiento a poderes sin legitimación ni control democrático. “Muchos males han venido por los reyes que se ausentan”, advertía el legendario Cid Campeador al rey Alfonso VI, del que obtuvo esta desconcertante respuesta: “cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”.

En Andalucía, algunas competencias estatutarias en materia financiera, exclusivas o compartidas, han sido ejercidas mediante una delegación impropia e irresponsable en instancias sin legitimación y escasamente sensibles a los intereses generales de la Comunidad Autónoma. No se debe descartar que ello responda a una actitud reverencial ante el poder económico o a la supuesta superioridad técnica, la superstición y el halo de misterio que suelen acompañar al poder financiero, según Bertrand Russell. En todo caso, sin restar un ápice de importancia a la deducción de las responsabilidades individuales a que hubiere lugar, no será fácil eludir las importantes cuotas de responsabilidad asociadas a la pasividad, la indolencia, la inhibición y la connivencia política.

En el caso que nos ocupa, alguien ignoró u olvidó, irresponsable y temerariamente, la conclusión alcanzada por el mentado pensador británico, en 1932: “en las finanzas, como en la guerra, casi todos aquellos que tienen capacidad técnica tienen también propensiones contrarias a los intereses de la comunidad”.