Análisis

Joaquín Aurioles

La coordinación entre el Estado y las autonomías

Todo modelo político descentralizado tiene que descansar sobre dos pilares fundamentales: el financiero y el de coordinación entre las partes y el estado, pero hasta ahora ninguno de los dos ha funcionado adecuadamente en España. Es probable que esta deficiencia sea causa principal del deterioro de la valoración ciudadana del “estado de las autonomías” y también de la demanda de revisión del entramado institucional que soporta la organización territorial del estado.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera solo sirve, y a duras penas, para resolver cuestiones financieras. Su carácter consultivo no merma la trascendencia política de sus acuerdos, muchos de los cuales son previamente cocinados en comisiones bilaterales, antes de su presentación al resto para su ratificación. La Conferencia de Presidentes, nacida hace ahora 14 años, tendría que haber sido la institución cumbre para la coordinación autonómica, pero el boicot de Urkullu y Puigdemont a la celebrada a comienzos de 2017 (no ser reunía desde 2012), obliga a cuestionar la utilidad de futuras convocatorias. El círculo se cierra con un Senado atenazado por el bloqueo competencial del nacionalismo vasco y catalán y de los que se oponen al debate en igualdad de condiciones entre todos los territorios.

Puede que el principal problema que plantea la coordinación entre autonomías y el estado sea que las primeras deben aceptar imposiciones por parte del segundo. Sería el caso, por ejemplo, de una política de contención del gasto público para corregir el déficit, que resultaría inviable sin la cooperación leal y responsable de todas las autonomías. El ejemplo no es baladí, porque es lo que ha venido ocurriendo en España desde 2010, aunque con diferente grado de implicación por parte de las autonomías, como demuestra el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, cuando apunta que el esfuerzo de contención ha sido bastante mayor en Andalucía y en las comunidades de régimen general, que en las forales y en la administración central. Parece razonable, sin embargo, que, en contraprestación al compromiso exigido a las autonomías, el estado deba admitir su presencia en los órganos de decisión que les afectan, como, por ejemplo, la participación en la Agencia Tributaria, a raíz de la hiperactividad tributaria de los últimos tiempos.

La coordinación administrativa no sólo debe implicar, por tanto, el sometimiento de las autonomías a las exigencias del estado por razones de interés general, sino también la interacción en sentido contrario, con el fin de garantizar, cuando corresponda, la consideración de los intereses particulares de cada territorio. El principal obstáculo para transitar desde el “estado de las autonomías” a otro de corte federal, con independencia de los matices que defienda cada partido, es precisamente la institucionalización de la participación de las regiones en las decisiones de estado. Los problemas de coordinación administrativa nacen de la debilidad, consentida, de las instituciones que deberían ofrecerle soporte, pero los principios que deben guiarla son claros: la lealtad institucional y la multilateralidad.

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