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Análisis

joaquín aurioles

La crisis de la solidaridad entre las regiones

Según la Contabilidad Regional del INE, hay años en los que el País Vasco se beneficia de la solidaridad interregional. Resulta inverosímil porque los vascos son los ciudadanos con mayor nivel de renta en España, pero ocurre de vez en cuando. En 2014, el último dato publicado, la renta disponible por persona era un 31,8% superior a la media española, mientras que el PIB per cápita era también superior en un 32,2%. La renta disponible de los hogares es la parte de la riqueza generada que retienen los hogares después de pagar impuestos y recibir transferencias en forma de becas, subsidios, pensiones, etc., así que en ese año los vascos dispusieron de un volumen de recursos ligeramente inferior al que generaron, pero el año anterior había sido al revés. La renta por habitante fue un 32,9% superior a la media, mientras que el PIB por habitante lo fue en un 31,1%, lo que significa que en 2013 pudieron disponer de más recursos de los que produjeron, gracias a las transferencias del Estado.

Esto no ocurre en el resto de las comunidades donde el PIB por habitante es superior a la media, como Madrid (37,2%, en 2014) o Cataluña (19,1%), que transfieren una parte del mismo a otras, como Andalucía, donde el PIB por habitante es inferior a la media (un 26%). El resultado es que la renta disponible por habitante en Madrid o Cataluña se reduce con respecto al PIB por habitante (10,5% y 2,5% respectivamente en 2014), mientras que en las más pobres aumenta (3,9% en el caso de Andalucía).

La solidaridad interregional en el "Estado de las autonomías" ha funcionado a base de transferencias de renta con la finalidad de corregir las diferencias de poder adquisitivo. Una parte de ellas opera a través del sistema de financiación autonómica y persigue la equiparación de los servicios públicos al ciudadano en todo el territorio nacional, pero la realidad es que, después de más de dos décadas de funcionamiento, las desigualdades persisten, tanto en PIB como en renta por habitante, así como en el nivel de servicios públicos.

Tantos recursos para tan pobres resultados son, junto a la interesada acusación de ineficiencia en la gestión, un poderoso argumento en manos de las regiones ricas para reclamar límites a la solidaridad en el próximo acuerdo de financiación autonómica. Gracias a ello, Cataluña cuenta con el decidido apoyo de Madrid y otras comunidades para reclamar la prevalencia de la ordinalidad sobre la solidaridad. Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha se oponen. Tres comunidades gobernadas por un PSOE con dificultades internas para administrar conceptos como los de plurinacionalidad y asimetría, pero que en 2013 admitió, a propuesta del PSC, la inclusión de la ordinalidad en su "declaración de Granada" sobre la reforma constitucional. A Andalucía le vendría bien hacer autocrítica, pero sin necesidad de autoflagelación por complejo de inferioridad.

De hecho, le convendría acudir a la cada vez más extensa evidencia científica sobre estructuras de solidaridad que terminan beneficiando a las regiones donantes y favoreciendo la persistencia de las desigualdades. Hablaremos de ello la semana próxima.

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