Si el mercado de trabajo funcionase sin interferencias, el salario mínimo tendería a situarse en su nivel de equilibrio, es decir, en el que coinciden la oferta y la demanda de trabajo. Sería inferior al que cada año se establece por ley como salario mínimo interprofesional (SMI) y haría desaparecer, al menos en teoría, el paro involuntario. Sólo quedaría un componente friccional, cuya cuantía depende de la eficacia de las instituciones responsables de facilitar el contacto entre oferentes y demandantes de empleo. Gobierno, empresarios y sindicatos saben que si las empresas contratan a nuevos trabajadores cuando el aumento de los ingresos es superior al de los costes, el SMI puede ser un obstáculo para que los parados menos cualificados, normalmente los mejor dispuestos a aceptar los trabajos peor remunerados, consigan encontrar empleo.

Es el argumento que lleva a los detractores del SMI a sostener que su implantación provoca desempleo y se ceba en los colectivos más vulnerables, aunque han de aceptar que su ausencia en tiempos de crisis aumenta el riesgo de abuso y explotación por parte de algunas empresas con pocos escrúpulos. La ponderación de ambas circunstancias a la hora de modificar el SMI ha llevado a que durante los años de mayor desempleo apenas se modificase su cuantía. La variación acumulada entre 2011 (14 pagas de 641,4 euros) y 2016 ha sido inferior a los 14 euros, pero en 2017 el aumento fue de 52,7 (un 8%), en 2018 será de 29 (un 4%) y, si se dan ciertas condiciones de crecimiento y empleo, alcanzará los 850 en 2020. Estos datos sugieren que cuando el desempleo es elevado prevalece la preferencia por la creación de empleo y aumenta la tolerancia con el abuso en las condiciones de contratación y trabajo, mientras que en las coyunturas expansivas ocurre lo contrario. Un comportamiento procíclico, cuya enorme volatilidad demanda alguna explicación adicional.

Puesto que la elevación del SMI puede provocar un aumento del desempleo, la decisión debe acompañarse de un aumento del gasto social, para evitar una situación insostenible desde un punto de vista social. Entre 2011 y 2013, años de fuerte destrucción de empleo, las finanzas públicas españolas también atravesaban el peor momento de su historia reciente y en los siguientes, es decir, cuando ya eran perceptibles las señales de recuperación, el gobierno se mantuvo inflexible en su defensa de la austeridad y los recortes en gasto público. La consecuencia fue un aumento de la desigualdad mayor que en ningún otro país de nuestro entorno. Por otra parte, la reforma laboral, tan necesaria para introducir flexibilidad en el mercado y reducir el desempleo estructural, también fracasó en el capítulo de protección a los perjudicados por la mayor facilidad para el despido y el aumento de la precariedad. El incremento del SMI en los últimos años y el previsto para los próximos corroboran la hipótesis de su comportamiento procíclico, aunque también podría estar ocurriendo que en el gobierno hayan entendido que los repetidos fracasos electorales desde 2015 estén relacionados con la desprotección social de los más vulnerables desde el comienzo de la crisis.