Desde hace algunos años, y últimamente con mayor intensidad, el llamado "movimiento anti vacunas" consigue tener capacidad de influencia en la sociedad para conseguir que un sector de la población renuncie a acceder a los programas generales de vacunación.

En la historia reciente de la salud pública en el mundo, las vacunas han sido responsables de la disminución de la mortalidad y de la incidencia de numerosas enfermedades infecciosas que durante muchos siglos han condicionado enormes daños a la salud de la humanidad. Incluso, algunas enfermedades tienen una incidencia tan baja, que se trabaja en su erradicación futura como ya se pudo conseguir con la viruela.

Es por tanto gracias a las vacunas como herramienta preventiva y gracias a los programas poblacionales como herramienta de acceso universal desde la salud pública, que se han conseguido estos importantes avances en la salud mundial.

Y en las vacunas siguen puestas grandes esperanzas de futuro frente a enfermedades importantes que, como en el caso de VIH/SIDA o la malaria, siguen afectando a millones de personas y produciendo mortalidad y/o importantes daños en la salud.

Los argumentos de los movimientos anti vacunas merecen mayor espacio que esta columna para su análisis y su debate. Pero hay que señalar que cuando una vacuna es eficaz y se incorpora adecuadamente en el calendario de vacunación de un sistema sanitario moderno, es enormemente dañino todo aquello que contribuya a convencer a la población a no usar ese recurso sanitario que es la vacuna. Y algo de eso comienza a pasar en algunos países como consecuencia de las dudas que estos movimientos son capaces de generar en la población.

Ante esto, conviene hacer en Europa un esfuerzo activo de rigor en los procesos de toma de decisiones. En primer lugar, la agencia europea de medicamentos (EMA) debe fortalecer y asegurar transparencia a los procesos de autorización de cada vacuna que se pone a disposición de los sistemas sanitarios. En segundo lugar, hay que respetar y reforzar el principio de que los gobiernos deben tener la responsabilidad exclusiva de decidir qué vacunas se incorporan a los calendarios poblacionales.

Ello obliga a que desde los ámbitos profesionales se deba extremar asegurar un rol exclusivamente de asesoría a las autoridades, excluyendo decisiones de recomendar calendarios vacunales para el conjunto de la población. En este ámbito de la toma de decisiones, asegurar transparencia y garantizar decisiones basadas en el interés general y no manipulables por los intereses económicos de grupos de interés, se convierte en un asunto clave.

Finalmente, la evaluación sistemática de los programas y la puesta en común de manera trasparente de las fortalezas y debilidades de dichos programas, es un asunto imprescindible. De esa forma, conoceremos la efectividad de las vacunas para mantener o modificar su oferta en el programa poblacional.

No estaría mal que tras muchos años en los que se han utilizado diferentes vacunas para diferentes enfermedades, en los que hemos acumulado experiencia científica, los sistemas de salud fuesen capaces de trasmitir la información precisa sobre las vacunas para ayudar a un debate riguroso.