Si nos atenemos a lo que decía el célebre novelista y ensayista escocés Robert Louis Balfour Stevenson -"la política es quizás la única profesión para la que no se considera necesaria ninguna preparación"-, habría que zanjar de inmediato la controversia sobre los másteres y doctorados que han forzado la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y cuestionado gravemente la honorabilidad del atrevido nuevo líder del PP y de la oposición, Pablo Casado, y del tornadizo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero no es eso. La ironía británica que contiene la frase de Stevenson representa una ácida crítica a la precariedad intelectual y formativa de la clase política de su tiempo, aplicable sin margen de error a otra época y lugar como es el aquí y ahora que nos atañe.

La tenencia de títulos universitarios no garantiza capacidad para la gestión pública. La licenciatura no es condición imprescindible para alcanzar el grado de estadista y hubo algún ilustre, caso de Benjamin Franklin, que sólo cursaron estudios elementales. Lo que aquí distorsiona la vida política es el fraude ético cometido, da igual cuándo, por personas que administran, o aspiran a hacerlo, los intereses generales y que, además, y sobre todo, lo niegan hasta que la fuerza de las pruebas los desalojan del poder. El asunto es trascendente, ya que daña de manera incalculable la ya de por sí deteriorada imagen de la casta dirigente y, por añadidura, el crédito de un sector tan decisivo para el desarrollo de un país como es el académico.

Sean culpables o no Pedro Sánchez, presidente, y Pablo Casado, aspirante a serlo, de los irregulares hechos que les imputan, lo cierto es que la actitud que han mantenido hasta ahora sólo cabe calificarla de oscurantista, y uno de los indicios que acrecienta sobremanera las dudas sobre su honradez estudiantil es el veto del PSOE y el PP -¡casual coincidencia!- a la propuesta de ley de Ciudadanos sobre transparencia en universidades y acceso público a las tesis doctorales. Sobre el máster de Casado decidirá el Supremo y sobre el doctorado de Sánchez lo hará, en principio, el tribunal de los medios que cotejan posibles plagios y el de la opinión pública, sin duda mucho menos amables que el que le otorgó sobresaliente cum laude, compuesto por doctorados noveles sin experiencia investigadora acreditada.

El caso es que la legislatura se desangra en un calvario. El Parlamento es un lodazal de bloqueos, improperios y lamentos, y el Gobierno, un remendado velero a la deriva, víctima de sus graves contradicciones y sometido al chantaje de Podemos y de los partidos nacionalistas e independentistas. Y mientras tanto, entre másteres, doctorados y la urgente exhumación de los restos de Franco, la economía retrocede y en Cataluña se incumple la Constitución. Es comprensible que en estas circunstancias Pedro Sánchez diga, como ha dicho, que necesita doce años para cumplir su proyecto. ¡Dios quiera que así, ni uno más! Que hablen las urnas.