Ante el shock que supuso la pandemia, las reglas fiscales europeas se suspendieron, permitiendo a los estados gastar a conveniencia. Ahora, la Comisión Europea quiere reconducir esta situación y reabrir el debate para alcanzar un nuevo marco de gobernanza, dados los cuantiosos problemas que el actual suscitó en el pasado. Ha empezado este miércoles, emitiendo un comunicado en el que establece las orientaciones para la reforma. No se eliminan ni la obligación de reducir la deuda por debajo del 60% del PIB ni que el déficit deba ser inferior al 3%, pero la Comisión pretende que las cosas se hagan de otra manera.

En principio, las principales características con las que quieren dotar el nuevo marco son: primero, que sea sencillo, transparente y eficaz; segundo, que sea más personalizado, incorporando una mayor responsabilidad nacional; tercero, que sea de una mejor aplicación, más dinámico y flexible, permitiendo desviaciones si se afrontan reformas y se potencia la inversión; y, por último, que consiga reducir las elevadas ratios de deuda pública de forma realista, gradual y sostenida.

Las sanciones para los incumplidores también cambiarán. Hasta ahora cuando las reglas no se respetaban, podían llegar a alcanzar del 0,2% al 0,5% del PIB. Recordemos cómo España en 2016 estuvo cerca de que se le impusiera una multa por 2.000 millones de euros. Finalmente, terminó anulándose, al igual que se anularon siempre: nunca un país, Alemania y Francia incluidos, fue sancionado por saltarse a la piola los límites o los compromisos adquiridos para retornar a sus cumplimientos.

Para remediar esa falta de eficacia, la Comisión piensa que para el futuro sería mejor que las multas sean más pequeñas, y que su aplicación sea más automática, que no requiera de una discusión previa. Además, propone que se incluyan otro tipo de sanciones, como frenar los pagos del presupuesto de la Unión Europea al Estado miembro que incumpla de forma repetida, o sanciones reputacionales, al exigírsele explicaciones ante el Parlamento Europeo.

Estas primeras orientaciones para la reforma están llenas de buenas intenciones, pero adolecen de grandes dosis de "voluntarismo". Si con los listones altos y posibles sanciones fuertes, no se cumplía, parece difícil que con tanta flexibilidad de partida y de sanciones light los países vayan a afanarse en el cumplimiento. Por otra parte, los planes a cuatro años, con posibilidad de ampliar en 3, pueden empujar a los gobiernos a relajarse: ¡ya solucionará el próximo!

El nivel de deuda pública en Europa es elevadísimo. Ya lo era antes de la pandemia. Por ella, el gasto ha sido enorme; con la crisis energética, mucho más gasto. Y este comunicado no asusta en absoluto: la Comisión parece enterrar a la austeridad. A ver qué opinan los países del Norte: promete ser un largo y duro debate. Y a ver de qué asidero se tira para aguantar. El cartucho del BCE, que ha facilitado la fiesta todos estos últimos años, con la inflación actual está mojado. También se ha tirado del endeudamiento conjunto europeo: sí, aún queda crédito. Y si no, ya se inventará algo. Los que defendemos la rigurosidad fiscal y financiera somos carcas.