Meses después del inicio de una epidemia que será más recordada por sus gravísimas y generalizadas consecuencias económicas que por el número de víctimas, y que todavía está lejos de haber sido controlada, creo que no pocos españoles asistimos atónitos a algunas acciones del Gobierno. Uno de los dos socios de la coalición es el oportunismo hecho partido, en la mejor tradición histórica del pensamiento político que les anima, y el otro socio está dirigido por el oportunista en jefe, nada menos.

Ya se venían anticipando antes de marzo algunas intenciones, como una subida de impuestos con las excusas de siempre: que si los ricos tendrían que pagar más –ya lo hacen–, que si la presión fiscal es inferior a la de otros países de referencia (para aquello que convenga), o que si algunas tecnológicas no cotizan en España, entre otras. Ahora se ha añadido, claro, que hay que soportar un gasto público incrementado por razones que nadie discutiría. Otra de las intenciones era la creación de una renta mínima universal, lo que ya se ha establecido y hay que reconocer el rigor del ministerio de Seguridad Social en una definición razonable de esta política y, parece ser, también en el reconocimiento de la condición de beneficiario; unos límites sin los cuales la renta universal se convertiría en un pozo sin fondo. También estaba en el ideario del socio más a la izquierda una mayor presencia pública en la actividad empresarial, comenzando por una banca pública, siguiendo por el sector energético y quizá continuando por todo aquel sector o empresa que se considerase estratégico. De hecho, no han faltado voces cualificadas –por la posición, no por el talento– que han sugerido la nacionalización de un par de plantas industriales cuyo cierre es inevitable.

Lo más reciente es el intento de introducción, forzada e interesada, de un debate de hondísimo calado sobre la Corona y la Jefatura del Estado. Por supuesto, sin hacer balance del servicio que presta esta institución y sin asomo de propuesta del tipo de república que desearían. No ya si habría de ser federal o no, sino si tendría que ser presidencialista, como la francesa, o no, como la alemana o la italiana. Y esto no es baladí, porque si el papel de un hipotético presidente de la república española fuese sobre todo simbólico y asumido por una persona no partidaria, pues casi sería exactamente lo que ya tenemos. Parece que algunos les molesta que muchos de sus conciudadanos sientan –sintamos, por ser sincero– simpatía por los Reyes de España.

Obvio es que estamos desviando la atención de los asuntos importantes, la reactivación económica en primer lugar, y que el oportunismo persiga volver a ser como éramos en febrero en lugar de iniciar una transformación de nuestro funcionamiento. No le iba bien a la economía española a comienzo de año, porque no íbamos a progresar en el remedio a nuestro problema más grave: el desempleo y tal parece que lo asumíamos como algo casi inevitable. La ministra de Trabajo, más bien ministra Delegada Nacional de Sindicatos, no ha tenido reparo en rechazar cualquier reforma liberalizadora del mercado de trabajo. Más aún, es contumaz en el propósito de revertir íntegramente la reforma del Estatuto de los Trabajadores que se hizo hace unos años, sin aceptar el examen de cuál ha sido su contribución a la mejora del mercado laboral y cuáles son los defectos, que los hay, y que serían subsanables creo que con el acuerdo de todas las partes interesadas. Esto es sólo una muestra de que en el Gobierno hay personas que no aceptan que la realidad afecte a su ideología, y es porque sus convicciones son más de catequesis que resultado del uso de la razón.

Veremos muy pronto la aprobación de fondos extraordinarios para asistir a los países de la UE y la dotación de una parte de ellos va a estar condicionada no sólo a un retorno a la estabilidad presupuestaria, con el aplazamiento que se pacte, sino a la realización de reformas estructurales. Y aquí tendría que estar el gran debate, en esto tendría que estar centrada la acción política, no en refriegas de asamblea universitaria o en búsqueda de a quien culpabilizar de una tragedia inesperable.

En estas circunstancias, lo razonable sería tratar de identificar qué no funciona bien en nuestra economía y examinar los referentes internacionales. Ningún sistema económico es universal ni trasladable al completo de un país a otro, pero sí hay orientaciones y principios que funcionan y otros que impiden el progreso, lo que ha sido evidente a lo largo del siglo XX y lo es en el primer cuarto del actual. Afortunadamente, se dispone de instrumentos de comparación en forma de mediciones de competitividad global, de libertad económica, de facilidad para las empresas, de percepción de la corrupción, de calidad de la democracia, que se basan en una metodología cada vez más afinada, los resultados son robustos y, lo más importante, la progresión en la posición de un país está relacionada con su progreso económico. Y es que en éste no hay fatalismo ni determinismo, pero sí hay bases necesarias, no físicas ni geográficas, sino, sobre todo, institucionales.