La política fiscal es hoy en día una de las principales bazas para conseguir una recuperación económica sólida. Definir adecuadamente la senda de gastos e ingresos públicos que en los próximos meses y años recorrerá la economía española es de vital importancia. Si fallamos aquí podríamos encontrar, en el mejor de casos, efímeros brotes verdes que se marchitarían con facilidad o, en el peor, una crisis de deuda pública de final incierto, a pesar incluso del Fondo de Reconstrucción europeo.

La importancia de la política fiscal no es sinónimo de gasto público desmedido. Más bien al contrario: como somos deudores (nunca mejor dicho) de un pasado reciente de indisciplina fiscal, ahora no podemos pisar el acelerador fiscal como si no hubiese un mañana. Debe gastarse lo que sea necesario y con eficacia entre distintos usos alternativos, sin disparar a lo primero que se mueva desde el electoralismo o los grupos de interés. Y sobre todo, y aquí viene el quid de la cuestión a mi juicio, con un plan financiero creíble a medio plazo.

Hay que tener clara, en primer lugar, la meta. En ese contexto puede establecerse como objetivo el que la política fiscal ayude y acompañe a la economía española en su recuperación en condiciones de sostenibilidad. Ni más ni menos. Sin embargo, ya llevamos semanas de retraso en la definición de objetivos de déficit y deuda pública que, en rigor, deberían haberse aprobado antes del 30 de junio. En la situación actual hay que reconocer que esta tarea no se antoja fácil pero la incertidumbre no puede ser una excusa. Al igual que han hecho el Banco de España y la Airef, cabe la posibilidad de definir escenarios contingentes. Precisamente se trata de reducir la incertidumbre y seguir sin una hoja de ruta fiscal no ayuda.

En segundo lugar, en el lado del gasto hay que extremar las precauciones ¿Que hay que gastar con intensidad ahora? Adelante, pero eligiendo bien entre usos alternativos: ¿era tan urgente lanzar el ingreso mínimo vital cuando la extensión de los ERTE no estaba garantizada?, ¿los planes sectoriales, por ejemplo el del automóvil, han aprendido de experiencias pasadas?, ¿los 16.000 millones para las CCAA han tenido en cuenta la responsabilidad fiscal de éstas? Además, la Airef está ofreciendo una batería de análisis sobre la eficiencia y eficacia con que se acomete un ramillete de gastos nada despreciables (beneficios fiscales, políticas activas de empleo, infraestructuras de transporte, etc.) que más pronto que tarde deberían ser tenidos en cuenta.

Y en tercer lugar, la piedra de toque está en el sistema fiscal. Antes de entrar en detalles, sobre los que por cierto existe bastante consenso académico e incluso un libro blanco elaborado por expertos en 2014, conviene tomar una decisión crítica. ¿Qué tipo de Estado de Bienestar deseamos y cuánto estamos dispuestos a pagar por él? Porque, aunque existan potenciales mejoras de eficiencia en el gasto como se ha dicho arriba y se deba seguir luchando contra el fraude fiscal, es evidente que nuestros impuestos son incapaces de conseguir el dinero que necesitamos para financiar nuestras administraciones.

En este debate no es productivo apelar a recursos populistas: ni el sueldo de los políticos ni la curva de Laffer (bajando impuestos se incrementa la recaudación) son fundamentos sólidos. Sobre lo primero: la nómina de nuestros representantes y altos cargos es una ínfima parte del presupuesto; además, hagamos más barato el servicio público y lamentémonos luego de no encontrar profesionales competentes que quieran dedicarse a la res publica. Sobre Laffer: difícil encontrar casos en que haya funcionado sin ocultar otras causas; es cierto que precisamos unos impuestos lo menos dañinos con los incentivos a trabajar e invertir pero esa necesaria reforma debe estudiarse sobre la base de que la recaudación, al menos, se mantiene constante.

Si decidimos mantener e incluso ampliar nuestro Estado de Bienestar las cuentas tampoco salen con un “impuesto sobre los ricos”, la llamada tasa Google y la subida del IRPF a los tramos altos de renta. También se baraja la posibilidad, en el impuesto de sociedades, de aproximar el tipo efectivo al legal; pero enderezar el entuerto ahí significa eliminar muchas de las deducciones y bonificaciones fiscales de dudosa eficacia que tienen agujereado al tributo, no parchear con un tipo efectivo mínimo.

Como bien ha propuesto recientemente Fedea, las soluciones pasan por un recargo temporal en el IRPF, cuestionar algunos tipos reducidos y superreducidos del IVA, aprovechar el recorrido de la fiscalidad medioambiental y aproximar los impuestos especiales sobre el alcohol, tabaco y combustibles fósiles a los de la UE, entre otras.

La dificultad no estriba, pues, en el consenso de los expertos sino en la difícil economía política de estos cambios. De un lado cabe preguntarse hasta qué punto todo el Gobierno comparte el análisis de arriba o, por el contrario, algunos se han quedado rezagados en el pacto alcanzado para el Proyecto de Presupuestos Generales de 2019, ya pasado remoto. De otro lado, el Gobierno debiera gozar de la suficiente altura de miras para trasladar a la ciudadanía que la ayuda europea recientemente obtenida es condición necesaria pero no suficiente para salir de la recesión. Es más, entre la famosa condicionalidad de esa ayuda europea figurará, de manera más o menos explícita, el contar con una sólida estrategia fiscal.

En definitiva, se necesita un plan para la política fiscal y al día se desconoce su estado de elaboración. No solo hay que activar cuanto antes la cláusula de escape que nos permite la legislación sobre estabilidad presupuestaria sino empezar ya el diseño de unos Presupuestos Generales del Estado coherentes y, por tanto, creíbles.