Análisis

gumersindo ruiz

La tragedia de las infraestructuras

Ha hecho falta que mueran 43 personas al desplomarse un puente en Génova para que aparezca la discusión sobre la necesidad de mantener adecuadamente nuestra infraestructura pública y privada. El año pasado morían también 72 personas al arder la Grenfell Tower en Londres, que tenía denuncias por no cumplir los requisitos de seguridad. Las imágenes de ambos casos nos parecen de países lejanos, desde luego no de la Europa regulada y segura en la que creemos vivir. El accidente de Vigo se debe también a un mal mantenimiento, pero sobre todo a que se permite hoy montar fiestas y espectáculos en cualquier sitio.

A principios de verano el presidente de Seopan, la asociación de constructores relacionados con la obra pública, advertía del enorme déficit de inversión en infraestructura en España, del Estado y las comunidades autónomas, y cifraba en 114.000 millones el dinero necesario para dar un repaso y completar la red de transporte, estructuras sanitarias, educativas, saneamiento de aguas y residuos. La Unión Europea nos ha multado por el desastre que es el saneamiento en España -puede comprobarse en las playas-, lo que resulta doblemente ofensivo porque encima de soportar la falta de saneamiento los ciudadanos tenemos que pagar la multa, pues ningún cargo político va a hacerse responsable de ella. Seopan defiende la inversión porque favorece la actividad productiva, que es verdad, pero habría que ver qué carga impone la concentración masiva de millones de visitantes sobre algunas estructuras, y cómo y quién paga todo eso.

El Gobierno populista italiano ha intentado -como haría cualquiera- buscar culpables, señalando a la concesionaria de la autopista y del puente, Atlantia, que forma parte del grupo de empresas de la familia Benetton. Si se trata de un problema de mantenimiento, o defecto de construcción, habrá que verlo, pues los puentes del arquitecto Riccardo Morandi son controvertidos; pero la discusión toma otra dimensión dentro del enfrentamiento que el nuevo Gobierno tiene con la Unión Europa, a propósito de las exigencias de mantener un equilibrio presupuestario. Aunque hay coincidencia casi general en que las llamadas políticas de austeridad han sido desastrosas, los gobiernos centrales y locales tienen que saber lo que hay que dedicar a gasto para cubrir necesidades de las personas, y a inversión; cualquier familia toma decisiones entre gastar o arreglar la vivienda. Dos ideas surgen a propósito de todo esto. Una, que habría que forzar en la Unión Europea un programa de inversiones en infraestructuras con financiación y alcance europeo, que está planteado, pero necesita impulso político. Otra, que infraestructura no es siempre grandes proyectos; ayuntamientos y diputaciones son centros de gasto, pero no de inversión, y hay docenas de cosas que pueden hacerse en pueblos y ciudades. Una de ellas, que no me he atrevido nunca a decirla porque me parecía un poco tonta, pero que ahora veo que sale en otras ciudades de Andalucía, es protegernos a los ciudadanos del sol con una infraestructura de sombra en los puentes y avenidas de nuestras cada vez más inhóspitas ciudades. Aunque se va a pagar con nuestro dinero, los que ejercemos de peatones estaríamos todos muy agradecidos.

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