EN el congreso del PSOE que tuvo lugar en julio pasado, la Ejecutiva socialista manifestó su intención de revisar la ley del aborto vigente en España desde hace veintitrés años. Las reacciones no se han hecho esperar. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe declara que el Vaticano está triste; el presidente de la Generalitat valenciana oferta casas de acogida para las jóvenes embarazadas; un cardenal emérito que dirige un blog propone educar a las jóvenes en la castidad; un reputado filósofo explica que no se trata del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo; un periodista de izquierdas se opone, pero lo acepta como mal menor; otros periodistas conservadores claman contra la desintegración moral de España. Hombres que opinan sobre algo que nunca podrían sentir en sus propias carnes. ¡Qué sabrán ellos!

La ley en vigor en España representó en su día un avance extraordinario que terminó con las lúgubres excursiones a Londres, para quien pudiera pagárselas, y con las aún más siniestras visitas a centros clandestinos. También acabó con el trabajo heroico de muchos profesionales sanitarios que arriesgaron su carrera y la limpieza de su ficha policial por ayudar a mujeres necesitadas. Se resolvió un problema acuciante, pero fue una solución imperfecta: se hizo lo que se pudo en una democracia titubeante. Conforme la libertad política se asentaba, se hacía patente que la ley necesitaba una revisión, pero ésta se ha ido posponiendo.

El artículo 417 bis del Código Penal considera que abortar es un delito en España salvo en tres situaciones límite de exención de responsabilidad de la madre: por violación hasta la semana 12, por graves defectos físicos del feto, hasta la semana 22, y por peligro para la salud física o psíquica de la madre por periodo indefinido. ¿Cuáles son las principales críticas que se hacen a esta ley? Por un lado, las asociaciones de planificación familiar y las de clínicas acreditadas de interrupción del embarazo piden una ley que de seguridad jurídica a mujeres y profesionales. Por otro lado, según las asociaciones provida, la capacidad de decisión que la ley en vigor otorga al médico y la existencia de profesionales sin escrúpulos han propiciado que España se haya convertido en el "abortorio de Europa". A pesar de estas afirmaciones tan alarmistas, la sociedad española en general, no sólo los sectores progresistas que lo despenalizaron, acepta el aborto como un mal menor y, de hecho, durante los ocho años del Gobierno de Aznar no se hizo ni el intento de prohibirlo.

Por encima de todas estas consideraciones hay un dato incuestionable: la cifra global de abortos en España ronda los 100.000 por año, entre los cuales hay un porcentaje creciente de adolescentes. Este dato, que refleja un fallo clamoroso en los mecanismos de control de la sociedad que no ha conseguido hacer del aborto la última y excepcional solución, pone de manifiesto que el aborto es una realidad social que no se puede soslayar. Por ello urge llevar a cabo una renovación de la ley que propicie un equilibrio entre el respeto al feto como bien jurídico protegible -como se recoge en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985- y la integridad física y la dignidad personal de la madre embarazada, similar al que han llegado en la mayor parte de Europa, donde está vigente una ley de plazos en varios países.

¿Por qué en España no se ha acometido ya la renovación de la ley tras ser debatida por los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos? Una de las raíces del problema está en que la Iglesia parece olvidar que, a diferencia de muchos países musulmanes que son estados teocráticos que se rigen por la infalible ley divina, aquí nos regimos por las imperfectas leyes humanas. Por ello el papel de los prelados en este debate no debería ir más allá de rezar para que el Señor ilumine en su tarea a los políticos que se encarguen de la revisión de la ley.

Y tanto los políticos como los representantes de la Iglesia deberían recordar que un aborto es siempre un desgarro para la embarazada que lo asume, a pesar de lo cual a veces el nacimiento de un hijo es un desgarro aún mayor, hasta el extremo de que muchas mujeres han perdido la vida por evitarlo. En memoria de todas ellas tratemos un tema tan delicado de una forma racional y hagamos una ley que regule una situación dolorosa cuando se hace inevitable. No es sólo por las madres, sino fundamentalmente por los hijos, pues si hay un derecho que todo niño debería tener al nacer es una madre dispuesta a criarlo. Si por un motivo u otro eso no es posible ¿no sería preferible que ese niño no naciera?