LA posición jurídica de Iñaki Urdangarín mejoró ayer según su abogado: una vez levantado el secreto del sumario y llamado a declarar, el 6 de febrero, como imputado, podrá defenderse de las acusaciones de presunta corrupción que conoce toda España. En eso estamos de acuerdo.

Es una defensa complicada, en todo caso, porque en los 2.700 folios de la investigación judicial hay materia sustancial para sostener que el yerno del Rey y sus socios desviaron fondos procedentes, al menos, de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana a sus sociedades mercantiles a través de una fundación sin ánimo de lucro a la que se encargaron determinados eventos. Tales fondos se lograron inflando artificialmente el coste de los servicios prestados, y parte de ellos fueron desviados a paraísos fiscales.

Se verá, pues, si es inocente o culpable de los delitos que se le imputan junto a su socio, Diego Torres, y la parentela de éste. Pero hay algo sobre lo que su abogado -y él mismo, si éste ha hablado en su nombre al respecto- está muy equivocado: esa idea de que la ejemplaridad de la conducta de Urdangarín la marcará el hecho de que haya cumplido o no la ley. ¡Qué va! La falta de ejemplaridad de su conducta está fuera de toda duda, como se encargó de dejar claro el jefe de la Casa del Rey -hablando, éste sí, en nombre del monarca- cuando anunció que quedaba separado de la agenda oficial de la Familia Real.

Lo que venía haciendo el duque de Palma en los años investigados constituye un ejemplo nítido de tráfico de influencias, no en sentido jurídico, que eso lo dirán los tribunales en su día, sino material: instrumentar su pertenencia a la Familia Real para conseguir que gobernantes propicios le adjudicasen, tras la pantalla de una fundación benéfica, contratos injustificados o de cuantía injustificada. Aunque lo pretenda ahora para defenderse, Urdangarín no es un ciudadano particular que se dedica a los negocios en general, sino el esposo de la hija del jefe del Estado que ha hecho negocios precisamente gracias a ese parentesco. Si un empresario cualquiera hubiera acudido a las autoridades autonómicas con esos mismos proyectos de fomento del turismo y el deporte y con ese mismo coste, lo hubieran despedido con viento fresco. Se los dieron a él por ser quien era.

Después de esos 2.700 folios, la documentación intervenida, las transferencias y los cheques le va a resultar muy difícil a Iñaki Urdangarín salir airoso de la imputación y destrozar los indicios de su culpabilidad. Y aun si lo consiguiera, lo que no va a poder demostrar es que su comportamiento se atuvo a la ejemplaridad que se exige a los familiares del Rey. Si no, ¿por qué la Casa Real ha hecho lo que ha hecho y el Rey en persona ha dicho lo que ha dicho?