EN torno al martes 31 de octubre, agazapado bajo el lucido día de la jura de la Princesa de Asturias, se ha desarrollado el tramo final del acuerdo de la amnistía para todos los encausados por el procès. El lunes, ya tarde, se hacía llegar a los medios la foto del sofá. Santos Cerdán, número tres del PSOE pero sin cargo en el Gobierno, rinde visita a Carles Puigdemont en Bruselas, y el fugado, con ánimo de humillar, se sienta bajo una gran fotografía de una de las urnas del 1 de octubre de 2017, uno de aquellos 10.000 cubos de plástico con la insignia catalana que ni el CNI ni los otros servicios de inteligencia supieron interceptar.

Puigdemont carece de talla política. Ni atisbo de Tarradellas o de Pujol, sólo Torra se le parece. Ni en estos momentos de gracia responde con un gesto de reconocimiento a la otra parte.

Martes por la tarde, aún sin digerir los fastos de la jura de la Constitución, ERC y PSOE hacen público su acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. El miércoles es festivo en todo el país, y entre la jura y los tosantos, la amnistía araña menos la garganta. Cada vez duele menos, llevamos más de un mes hablando de la medida y la estrategia de comunicación de Moncloa es brillante, aunque no es novedosa. Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista de España (PCE) el Sábado Santo de 1977, y el rey Felipe VI comunicó que había renunciado a la herencia de su padre el 15 de marzo de 2020, el día que nos confinaron por la pandemia. Estos solapamientos son buenos analgésicos, no se trata de ocultar los hechos, sino de controlar las reacciones cuando se esperan duras.

Horas después de la legalización del PCE del Sábado Santo, el ministro de Marina, Gabriel Pita da Veiga, presentó su dimisión ante el rey Juan Carlos. Sin estar llamado a dar una opinión política, el Consejo Superior de los Ejércitos emitía un comunicado el lunes de Pascua en el que mostraba su “repulsa” por la legalización del partido. A Suárez le costó encontrar a un sustituto en Marina, todos los mandos se solidarizaron con Pita da Veiga; al final, accedió al relevo Pascual Pery Junquera.

Sin estar llamados a dar una opinión política, ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial emiten un comunicado tan político como apocalíptico en el que sostienen que la futura ley supondrá la “degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho”. Pero ninguno dimite, a pesar de que llevan años caducados.