DESIGNADOS este fin de semana Arenas y Griñán como candidatos de sus partidos para la Presidencia de la Junta, han entablado su primera pendencia sobre la descentralización local. Puede ser porque cada dos por tres hay una manifestación en algún punto de Andalucía de trabajadores municipales que protestan porque no les pagan las nóminas. La lista es interminable: La Línea, Valverde, Barbate, Jerez, Estepona, Marbella…

Los afectados reclaman que intervenga la Junta o el Gobierno de la nación. Quieren dos cosas; mantener el empleo y que les paguen religiosamente. A partir de hoy empezaremos a saber lo que nos espera de la Administración General del Estado. Poca cosa, lo podemos adelantar sin temor a equivocarnos. Rajoy va a exponer en su discurso de investidura la filosofía para los próximos cuatro años: sangre, sudor y lágrimas.

Esto vale para todas las administraciones, pero de manera especial para los ayuntamientos, que se metieron en un tren de vida suicida. Sobran funcionarios en muchos municipios, en particular en los que tenían una actividad inmobiliaria potente, que necesitaba un ejército para papeleo y permisos, y ahora están tiesos. Los afectados tendrán que hacerse a la idea de que hay que afrontar lo que la alcaldesa de Jerez planteó hace dos años: eres de cientos de personas.

Hay campo para una mayor austeridad. Por ejemplo, si es difícilmente aceptable que las televisiones autonómicas cuesten en España del orden de los 2.000 millones de euros al año, mucho más inaceptable es que haya tantas emisoras locales de radio y televisión, que además adolecen de una absoluta falta de independencia y pluralismo.

Se sabe de dónde recortar, pero los candidatos se ahorran ese disgusto, porque eso supone más paro y más malestar social. Y estaremos en campaña durante los próximos tres meses. El tiempo y las circunstancias han desenmascarado el modelo de gestión implantado por el maestro Jesús Gil, que hizo escuela. Se crearon empresas municipales que escapaban al control de la intervención y a las normas de contratación. Se inflaron las plantillas en busca de un clientelismo inmediato. Y se colocaron los ayuntamientos en unos gastos de personal insostenibles, aun en la época de bonanza.

Pero a la vez que se prescinde de lo superfluo, los ayuntamientos necesitan unas transferencias desde las autonomías que financien muchos servicios que ya ofrecen sin tener las competencias, sobre todo en la esfera social. Se acaba de iniciar el mandato de los novenos consistorios democráticos y muchos municipios padecen una grave asfixia económica. La segunda descentralización no puede ser un eslogan retórico de campaña. Es una necesidad vital.