ESTABA cantada. La ocupación de promociones de viviendas nuevas sin vender era la siguiente fase del círculo vicioso bancario-inmobiliario en el que nos desangramos desde hace seis veranos. En Sevilla y provincia hay oficialmente 92.000 familias con todos sus miembros en paro, y son 70.000 los desempleados que no reciben subsidio alguno. En paralelo, en el territorio sevillano asciende ya a 118.000 el número de viviendas que no están habitadas. Y los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que en el conjunto de Andalucía se han ejecutado unos 75.000 desahucios y desalojos, ejecutando hipotecas que no se pagan, desde 2007 hasta la actualidad. Crucen los tres vectores y hallarán a los ciudadanos más desesperados ante una situación tan kafkiana.

Ni las mentes más capciosas, que por definición tildan de bueno al banco y de malo al okupa, pueden argumentar que todo el paro es fraude y economía sumergida, ni alegar que toda la oleada de ocupaciones de pisos o casas responde a intereses aviesos de pícaros y maleantes deseosos de apropiarse de lo que no es suyo. Cuando hay falta de empleo, exceso de deudas, carencia de viviendas de carácter social con alquiler de bajo precio, sobreabundancia de pisos de renta libre que solo sirven para criar telarañas, y cuyos promotores son los primeros en la cadena de embargados, el resultado inevitable es hundir en la miseria también a muchas personas de recto proceder, buena formación, estimable experiencia laboral y cargas familiares.

El Consejo de Ministros aprobó ayer cómo cambiarle la cara a los activos tóxicos de la banca. Tanto al inmenso censo del ladrillo como al no menos extenso de las participaciones preferentes. En ambos casos, su valor se hunde porque ya no hay más prórrogas para mantener la ficción en el mercado y en los balances. Una vez más , se acude al rescate de la banca. La que ha hundido al país con su descabellada autoría en la especulación inmobiliaria. La que ha embaucado a su clientela con operaciones financieras en las que van a perder el 80% de su cuantía. La que ya no da crédito a los gobiernos autonómicos , todos ellos trufados de morosidad. Llega dinero desde Europa y el vecindario seguirá a dos velas. Todo para el establishment, nada para el pueblo. La economía no son los números. La economía son las personas.

En lugar de actuar contra los condicionantes sistémicos que impulsan a meterse a la desesperada en una vivienda sin luz ni agua, siempre a expensas de una intervención policial, desde las instituciones se está demorando que los pobres de viejo o nuevo cuño puedan rescatar su dignidad. En un estado de emergencia, cuando es evidente que el mercado de oferta y demanda no funciona, la política se ha encogido al papel de bombero a la espera de incendios. Temeraria pasividad que causará, también en Sevilla y provincia, muchos daños y perjuicios.