muñoz

EL Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no resolvió en su reunión extraordinaria del pasado 21 de agosto sobre el reparto del trabajo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Sigue el suspense, o más bien, el Poder Judicial sigue mareando la perdiz con la patata caliente que tiene entre manos.

En su última reunión, se limitó a "tomar conocimiento" de la petición de la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, para que se le entregase una copia de las alegaciones de la juez Mercedes Alaya para mantenerse con la totalidad de las macrocausas y en el que se despachaba a gusto sobre su sucesora, a la que criticaba por sus supuestos escasos conocimientos en materia penal -según la opinión de Alaya- y su "estrecha amistad" con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, el fiscal en excedencia Emilio de Llera, a quien Alaya considera un "notorio detractor" de su labor como instructora.

Septiembre es el mes de los buenos propósitos, periodo en el que se vuelve a la rutina diaria tras varias semanas de asueto. Se supone que en los próximos días la Comisión Permanente resolverá definitivamente el culebrón sobre la continuidad o no de Alaya como comisionada en el juzgado de los ERE fraudulentos, cuestión que la magistrada ha convertido en un asunto complejo, sobre todo tras ese informe en el que no dejó títere con cabeza.

Tras este durísimo ataque a la nueva titular, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, elaboró un informe para el CGPJ en el que cuestionaba la continuidad de Alaya como colaboradora en el juzgado que ahora dirige Núñez Bolaños. Decía el informe de Del Río que las alegaciones de Alaya están "totalmente fuera de lugar" y "denotan una evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular, aspecto que debiera ser convenientemente valorado" por el CGPJ. Del Río, ya lo he comentado en otra ocasión, no se atrevió entonces a pedir directamente la revocación de la comisión de servicio de Alaya, aunque llega a insinuarlo.

Ahora ha llegado el momento de que el máximo órgano de gobierno de los jueces zanje de una vez por todas la polémica y diga, primero, si en estas condiciones Alaya y Bolaños pueden colaborar para cerrar esas grandes macrocausas que aún siguen abiertas después de varios años de tortuosa instrucción. Y de que se pronuncie, en segundo lugar, si esa convivencia que ahora resulta imposible, sería beneficiosa o por el contrario, un auténtico desastre. Alaya es la que más sabe del caso de los ERE, eso nadie lo pone en duda, pero en el estado en el que se encuentra este sumario tampoco sería imprescindible que siguiera al frente de la investigación.

Y las otras dos macrocausas -las irregularidades detectadas en los cursos de formación financiados con fondos públicos y el sumario relacionado con los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea- están todavía en una fase incipiente de la investigación que tampoco requiere la estimable participación de Alaya. Las investigaciones judiciales están por encima de los jueces, por mucho que estos sean tan carismáticos como Alaya.

Como ocurre en todas las profesiones, no hay nadie imprescindible.