La tribuna

manuel Chaves González

Cataluña: después del 9-N

SI la valoramos desde la perspectiva de la participación ciudadana, la consulta celebrada en Cataluña el pasado domingo no fue precisamente un éxito aun cuando una eficaz estrategia de comunicación vendiera lo contrario. Más bien podemos llegar a la conclusión de que, dada la participación, la mayoría de los catalanes no apoyó la independencia, lo que debería hacer reflexionar a los partidos independentistas. Pero desde una perspectiva política, reiterando que la consulta no tiene efectos jurídicos, la participación de más de dos millones de catalanes representa una movilización social y cívica importante. Con un simbolismo significativo y una atención mediática nacional e internacional sin precedentes.

Esta movilización ha servido para que Artur Mas pueda continuar su estrategia soberanista y mantener su pulso político con el señor Rajoy. En definitiva, la consulta no ha puesto punto final a nada sino que ha sido un paso más que viene a aumentar la gravedad de la situación y la incertidumbre sobre el futuro de una Cataluña integrada en España. A partir de la consulta, la propuesta de negociar con el Gobierno un referéndum legal para la independencia como pretende el presidente de la Generalitat es retornar a una vía cegada. El Gobierno ha respondido, y me parece correcto, que no está dispuesto a negociar un referéndum legal. Unas elecciones anticipadas, más si son plebiscitarias, como sucedáneo del referéndum, representará una huida hacia delante que probablemente terminará en una situación de ilegalidad.

La situación es tan complicada que es necesaria una gran dosis de prudencia. Presentar querellas judiciales contra el presidente catalán es un gran error. Pensemos en la imagen de Artur Mas acudiendo a declarar acompañado de centenares de miles de ciudadanos. La judicialización de la crisis catalana no ayudará a resolver el problema de fondo.

Pero, además, la consulta ha puesto de manifiesto con más claridad no sólo el enfrentamiento de las instituciones catalanas con el Estado, sino también la fractura de la ciudadanía catalana reflejada en el grave deterioro de la convivencia y lo que ésta integra de tolerancia, solidaridad y civismo. El intento de retirar el doctorado honoris causa concedido por la Universidad de Girona a Encarnación Roca, miembro del Tribunal Constitucional, el enroque de posiciones, la calificación de buenos y malos catalanes en función de su actitud con la consulta y la independencia son ejemplos claros del deterioro. Muchos hemos vivido tiempos pasados en los que se diferenciaba entre buenos y malos españoles en función de sus posiciones políticas. Desde una dimensión cívica hace falta moderación y respeto, así como alguien que la impulse. Desde una perspectiva política se echa de menos el protagonismo de la centralidad en un contexto de polarización extrema de la vida política catalana. Hoy por hoy, no existe en Cataluña un partido político (los socialistas catalanes están trabajando en esa dirección) que abra un cauce de diálogo y entendimiento en el seno de la sociedad catalana. Es importante reflexionar sobre estos factores porque a la vista de cómo están evolucionando los acontecimientos no se puede descartar, sobre todo después de unas elecciones anticipadas, el escenario de una declaración unilateral de independencia. Haríamos bien en tenerlo en cuenta aunque hayamos reiterado hasta la saciedad las consecuencias políticas y económicas de una declaración de esta naturaleza.

Resulta claro que la salida de la crisis no puede estar en un referéndum imposible o en unas elecciones anticipadas como sucedáneo de aquél. Es el momento de desbloquear la situación a través del diálogo y de la negociación; es el momento de líderes, de uno y otro lado, que sitúen la negociación, con todo el alcance que sea necesario, en el marco de las reglas democráticas que nos hemos dado todos los españoles. Es decir, frente a la opción de la independencia y de dejar las cosas como están cabe acudir a la vía de la reforma de la Constitución. La reforma no es sólo una posición de partido, en este caso del PSOE. Salvo la reforma nadie ha presentado una alternativa legal y democrática distinta a las defendidas por los nacionalistas.

La reforma de la Constitución no es un camino fácil y no será fácilmente aceptada. No lo será por los nacionalistas cuya opción en estos momentos es la independencia. Por otra parte, algunas comunidades autónomas pueden contemplar con reservas una reforma que al reconocer las singularidades de Cataluña puedan entender éstas como una vía para mejorar la posición relativa de Cataluña en el conjunto de España. De ahí la necesidad de un pacto constitucional.

La Constitución Española es la única norma llamada a resolver una crisis territorial con graves consecuencias para la unidad de España. El diálogo y la negociación, y cuanto antes mejor, debe partir del presidente del Gobierno con liderazgo político, inteligencia y sensibilidad y contando con la oposición. Es lo que espera la mayoría de los españoles.

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