HOY se espera que la CUP decida el futuro inmediato de Artur Mas y, junto a él, el del proceso independentista que abrió sin cobertura legal, sin apoyo internacional y sin el necesario respaldo de los catalanes. Fruto de esto último es que el Gobierno de la Generalitat dependa, en última instancia, de la decisión de un movimiento asambleario, por lo que aún es posible alguna que otra sorpresa. Mas consiguió romper CiU y ahora va camino de destrozar a la CUP, frontalmente dividida en dos bloques exactos a favor y en contra de su investidura. Si la dirección se posiciona en contra, el proceso habrá terminado, se convocarán elecciones autonómicas de nuevo y ERC peleará por una primera posición frente a la marca de Podemos respaldada por Ada Colau, victoriosa en las pasadas generales. Pero si no es así, si Artur Mas es investido la próxima semana, el presidente pondrá en marcha su agenda legislativa de desconexión con España. Se necesitará, entonces, que el Gobierno siga actuando con firmeza, pero es posible que deba adoptar medidas coercitivas si Mas, tal como parece, decide colocarse en un plano fuera de la ley. El Gobierno de España está en funciones, y no es de ilusos suponer que Mas y los independentistas han contado con este factor. Está en funciones, pero está, puede actuar por tanto, pero es conveniente que España cuente cuanto antes con un Gobierno que responda a una mayoría del Congreso. Se cumplirán los plazos, se necesitarán semanas, pero sería una irresponsabilidad posponer la solución a otras elecciones generales, que se celebrarían en mayo o en junio, y que además no aseguran resultados muy distintos. Hay presiones inconfesables, pero también legítimas: los cuatro partidos principales lo son de un país que debe afrontar uno de los retos más importante de su Historia en unos meses y deben considerar que éste es un factor que debe disolver sus diferencias. Se necesitan soluciones excepcionales para un momento excepcional.