LA Audiencia de Palma decidió ayer de forma unánime mantener la imputación de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, por cooperación en fraude fiscal en los ejercicios de 2007 y 2008, y retirar la acusación de blanqueo de capitales que pesaba sobre ella. El juez José Castro, que ha instruido el caso Nóos, en el que el esposo de la infanta, Iñaki Urdangarín, y su socio aparecen como principales inculpados en un amplio catálogo de delitos relacionados con el tráfico de influencias, habrá de decidir si sienta o no a Cristina en el banquillo de los acusados. Tendrá que sopesar si es de aplicación o no la llamada doctrina Botín -por un caso protagonizado por el fallecido presidente del Banco Santander-, una jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo que libra del juicio al imputado que no sea acusado directamente por la Fiscalía o la acusación particular (representante de los perjudicados por el presunto delito) y que sólo sea implicada por la acusación popular, que en el caso Nóos ejerce el sindicato Manos Limpias. El juez Castro, por su parte, se ha mostrado durante la instrucción partidario de imputar a la infanta Cristina, lo que le enfrentó en el pasado al Ministerio Público. Al confirmar su imputación por delito fiscal los magistrados de la Audiencia parten de la base de que la hermana del Rey no podía desconocer que la sociedad Aizoon, a la que ella cargaba gastos privados, había sido creada como empresa ficticia por Urdangarín para burlar a Hacienda y que el enriquecimiento familiar procedía del trato privilegiado que recibía éste de autoridades baleares y valencianas por su posición institucional de familiar de los Reyes de entonces. En cualquier caso, la delicada situación judicial que atraviesa Cristina de Borbón ha perdido en buena parte su repercusión e influencia política, ya que ha dejado de formar parte de la Familia Real desde el punto de vista institucional, no ejerce ningún papel ni recibe ingresos procedentes de la Jefatura del Estado. El rey Felipe VI, su hermano, ha marcado distancias con ella desde el momento en que estalló el escándalo, aunque sigue pendiente de resolución un problema que quizás tiene pocas consecuencias prácticas, pero sí importancia simbólica: no ha renunciado a sus derechos dinásticos y, por tanto, continúa ubicada en la línea de sucesión al Trono. Seguramente no debería pasar mucho tiempo antes de que, por decisión propia o inducida, Cristina de Borbón zanjase la cuestión abdicando de sus derechos sucesorios. Es lo mejor para asegurar la normalidad institucional y para la imagen de la Monarquía, notablemente mejorada en los primeros meses del reinado de Felipe VI, su hermano.