EL Tribunal Constitucional decidirá antes de esta medianoche la suerte de la coalición vasca Bildu. Lo hará una sala compuesta por seis magistrados, tres de ellos elegidos a propuesta del PSOE y otros tres a propuesta del PP, que tendrán que dictaminar si la formación integrada por dos partidos legales y los llamados independientes designados por Batasuna pueden concurrir a las elecciones del 22-M o si, como ha estimado el Tribunal Supremo, no pueden hacerlo por tratarse de un instrumento del complejo ETA-Batasuna para poder volver a las instituciones por la vía de las urnas sin haber renunciado expresa y totalmente a la violencia. Las horas previas a la decisión del Constitucional se están viendo rodeadas de presiones y chantajes poco acordes con el espíritu democrático y la separación de poderes consagrada precisamente en la Constitución. Por una parte, es lamentable la toma de posición del Partido Nacionalista Vasco anunciando la suspensión de relaciones con el Gobierno de la nación a causa de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ilegalidad de Bildu. O sea, el PNV amenaza al Ejecutivo en protesta por la resolución de un órgano judicial (Supremo) y exigiéndole al propio Gobierno una resolución opuesta de otro Alto Tribunal (Constitucional). Como si ambas instituciones actuaran como simple correa de transmisión de la voluntad política del Consejo de Ministros... Por otra, el PNV no puede ocultar que juega a dos barajas: si Bildu es legalizada, se apunta el tanto de haber presionado para conseguirlo; si el TC la mantiene fuera de las elecciones, espera recoger los votos del nacionalismo radical que ya no tendrán listas que respaldar. Finalmente, las gestiones de Zapatero con el PNV pidiéndole tranquilidad a la espera de un fallo favorable a Bildu y las manifestaciones del número dos del grupo parlamentario socialista en el sentido de que aguarda una "noticia agradable" al respecto apuntan a que se están ejerciendo presiones intolerables sobre el Tribunal Constitucional.