Ha tardado, Pedro Sánchez, más de tres años en entender lo grave que es el problema de la vivienda en España, sobre todo para los jóvenes y familias vulnerables, y unos minutos en proclamar que la ley que ha aprobado gracias a Podemos, ERC y Bildu, constituye un hito, no ya de la legislatura, sino de la democracia. Un hito que se apunta él, claro, porque ningún gobierno, ni siquiera los de Felipe o Zapatero, hicieron nada legislativamente por arreglarlo.

Ha tardado menos, apenas una semana, en prometer un chorreón de viviendas al alcance de las clases populares. ¿Cuántas? 183.000. En tres modalidades: las financiadas a través de préstamos del ICO, las destinadas al alquiler que procedan del banco malo (que pueden no estar ubicadas donde hay más demanda) y otras que se construirán sobre suelos del Ministerio de Defensa (que ya avisa que, por ley, no las va a ceder gratis al de Transportes).

El problema de Sánchez es su dudosa credibilidad. La ley de vivienda es bastante parecida a la que defendía Unidas Podemos desde el inicio de la legislatura, aunque él no ha dudado en apropiársela como creación personal, una vez asumido a través de las encuestas que el problema de la vivienda es muy grave. Comoquiera que la ley tardará en producir sus benéficos efectos sociales, el presidente ha acompañado su aprobación con esta piñata de promesas destinadas al incumplimiento (ya prometió 100.000 en 2021 y no hay noticia de casi ninguna). En puridad, si fuera serio con sus compromisos y fiel a la palabra dada, tendría que haber prometido las viviendas que razonablemente podría impulsar en los meses que quedan de legislatura, y llevar las restantes, la mayoría, a su futuro programa electoral. Así podría resultar más creíble. Le da igual: lo que importa es impactar a los ciudadanos con los grandes números. Que sean factibles es lo de menos. ¡Qué más te da!, como dijo el otro.

También es lo de menos que los topes a los precios del alquiler lleven a reducir la oferta y, por tanto, a acabar subiéndolos (efectos indeseados) o que las decisiones sobre zonas tensionadas y recalificaciones urbanísticas correspondan a comunidades autónomas y ayuntamientos. Si fracasan sus planes, ya tiene a quién culpar: a los presidentes autonómicos y alcaldes del PP, que desobedecen las leyes nacionales . Todo acabará en el Tribunal Constitucional, O sea, en un nuevo retraso.