EL Congreso de los Diputados abrió paso ayer al reinado de Felipe VI al aprobar, por muy amplia mayoría, la ley orgánica que consagra la abdicación de don Juan Carlos de Borbón de la Corona de España. Tras su ratificación por el Senado, el actual Príncipe de Asturias será proclamado jefe del Estado a título de Rey, tal como establece la Constitución y sus previsiones sucesorias. Precisamente el debate en el Congreso supuso la reafirmación por parte de los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, con el apoyo de UPyD y otras formaciones menores, del pacto constitucional que hizo posible la instauración de la democracia tras cuarenta años de dictadura y la inauguración de la etapa de mayor libertad y progreso de la historia de España. Los representantes de los dos partidos, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, se encargaron de subrayar esta vinculación histórica, destacando el papel protagonista y esencial del Rey saliente como motor del cambio y la continuidad de la monarquía parlamentaria como símbolo de la unidad de España y garantía de permanencia del sistema democrático. 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones concretaron la voluntad de los diputados elegidos en representación del pueblo español. Por desgracia, quienes estuvieron en la minoría de rechazo demostraron un nivel político e intelectual de escaso valor, confundiendo el contenido del debate y planteando erróneamente el dilema monarquía-república, que no estaba en el orden del día. Porque ayer no se discutía la vigencia de la Constitución de 1978, sino el estricto cumplimiento de uno de sus preceptos, el relativo a la sucesión en caso de abdicación del titular de la Jefatura del Estado. De hecho, los portavoces de PSOE y UPyD, favorables a la ley que se aprobó, se mostraron proclives a una reforma de la Constitución en el futuro próximo a fin de adaptar la Carta Magna a las necesidades de la sociedad actual. Pero ambos destacaron, como no podía ser de otro modo, que el cambio de la Constitución ha de acometerse a través de las propias vías constitucionales. De modo que quienes sostienen la reivindicación de que España se convierta en una república sólo tienen que presentar a las próximas elecciones generales un programa que recoja esta reivindicación, la celebración de un referéndum sobre la forma de Estado y cualquier otro planteamiento que estimen oportuno. No hay otro camino democráticamente aceptable. Una vez hecho el recuento, se verá si consiguen la mayoría suficiente para cambiar la Constitución. De momento la mayoría, como se comprobó ayer, continúa defendiendo la monarquía parlamentaria. Y renovando el consenso de 1978.