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Punto de vista

José Ramón del Río

jdel35@hotmail.com

El Consejo Consultivo

Del buen trabajo del Consejo Consultivo de Andalucía dan muestra sus memorias anuales

Asemejanza del Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo de la Administración central, lo que significa que después de su dictamen no puede pedirse otro, prácticamente todas las comunidades autónomas, sea por sus estatutos, sea por leyes posteriores, se han dotado de sus respectivos consejos consultivos. Esta multiplicación de órganos consultores, con presupuestos para gastos de personal y de funcionamiento, es la consecuencia de la multiplicación de administraciones que origina el Estado de las Autonomías, y éste es el diseño del legislador constitucional, que se plasmó en el art. 2 de la Constitución, al reconocerse y garantizarse el derecho de las autonomías de las nacionalidades y regiones que integran España.

Nuestro Consejo Consultivo, que radica en Granada y que en la actualidad preside María Jesús Gallardo Castillo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, se creó varios años después de la constitución del primer Parlamento de Andalucía, que tuvo lugar en 1982, concretamente en septiembre de 1993, por Ley de 19 de octubre de ese año y que hoy se rige por otra de 8 de abril de 2005. Y como es el superior órgano consultivo de carácter técnico-jurídico, es garantía de la legalidad en la toma de decisiones, lo que se traduce en que los derechos de los ciudadanos resulten protegidos. Este Consejo también asesora a las entidades locales. De que trabajan bien y con eficacia dan muestra sus memorias anuales, que computan los dictámenes solicitados, unos preceptivos y otros no.

Hoy flota en el ambiente que una cosa es la toma de decisiones políticas y otra la legalidad vigente, como si fueren algo contrapuesto. Con el problema catalán tenemos un buen ejemplo. En él políticos importantes proclaman e insisten en sus deseos, aunque vulneren claramente la Ley y sobrellevan, incluso, penas de prisión. Lo peor no es esto, sino que los que gobiernan dicen que hay que encontrar soluciones para acomodar esos deseos a la realidad jurídica, dejando en mal lugar no sólo a los que corresponde enjuiciar esas consultas presuntamente ilegales, sino, sobre todo, dando a entender que los deseos prevalecen sobre las leyes, aunque las contradigan. O sea, la ley de la selva. La declaración de Junqueras, en prisión, de que volverá a declarar la independencia de Cataluña si gana el referéndum no la evitará el acreditado celo de los agentes tributarios, reclamándole su parte de lo que costó el otro referéndum. Tampoco el Gobierno de Sanchez.

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