LA Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional inició en la mañana de ayer la tercera fase de la operación Edu, que investiga el presunto fraude en las ayudas de la Junta de Andalucía para cursos de formación de trabajadores. Los investigadores policiales atribuyen a los detenidos, presentes y futuros, la comisión de delitos de estafa, falsedad documental y fraude en las subvenciones de los programas de formación sobre la base de las numerosas irregularidades supuestamente producidas en su gestión, tales como la adjudicación ilegítima de los cursos, el cobro de los mismos sin haber sido impartidos, la no contratación de sus beneficiarios por las empresas concesionarias, la creación de empresas tapadera o la generación de facturas falsas. Ya ha dejado de ser insólito lo que se produjo ayer: fuentes policiales anunciaron que las detenciones superarán el centenar de personas, entre las cuales se encontrarían ex delegados de Empleo en casi todas las provincias andaluzas, jefes de servicio y jefes de departamento, además de los propietarios y gestores de las empresas que se habrían beneficiado de la defraudación sufrida por las arcas públicas. Ha dejado de ser insólito porque ya con anterioridad se habían registrado anuncios semejantes de detenciones que todavía no se habían producido cuando se informó a la opinión pública. Más aún, muchos de los detenidos o en vías de detención ya lo fueron en las redadas anteriores, realizadas por la Guardia Civil, a instancias de la juez Mercedes Alaya, de modo que ahora serán interrogados los mismos individuos y por los mismos hechos que hace un año. Es una situación ciertamente escandalosa, que revela conflicto de competencias entre jueces y manifestaciones de celos y rivalidades entre los cuerpos policiales, incompatibles en cualquier caso con el normal funcionamiento del Estado de Derecho y las garantías procesales de los cargos públicos y funcionarios sometidos doblemente a la acción policial. Los hechos coinciden en el tiempo con las negociaciones para la investidura de la candidata Susana Díaz como presidenta de la Junta, y de hecho el Partido Popular se apresuró ayer a presentar una iniciativa en el Parlamento autonómico para que Díaz comparezca de inmediato en la Cámara para ofrecer explicaciones sobre el escándalo de los cursos de formación, que corresponde a una etapa en la que la interpelada no era presidenta de la Comunidad Autónoma Andaluza. Alguien tiene que poner orden en este desbarajuste judicial y policial, siquiera sea por despejar la sospecha de una actuación política deliberada del Gobierno de la nación para obstaculizar la investidura en la Junta.