ES bueno que ETA deje de asesinar. Sería aún mejor que se desarmara y se disolviera. Pero no al precio de matar por segunda vez a los asesinados negándoles la justicia que se les debe y humillando a sus familias al negociar con sus asesinos. Por eso estoy de acuerdo con Sáenz de Santamaría cuando, poco antes de que se conociera la última "oferta" de ETA, declaró: "La política antiterrorista que tiene este Gobierno es muy clara. Este Gobierno no va a negociar con los terroristas. Hay un mensaje muy claro: ningún preso puede esperar nada de ninguna negociación, de ellos depende desligarse de la banda y cumpliendo la legislación penitenciaria obtener los beneficios que esa Ley prevé".

De acuerdo casi en todo, salvo en lo último. Porque nunca he compartido esos beneficios que prevén nuestras leyes y porque considero que hay delitos -entre ellos los de terrorismo- que no admiten la remisión de la pena merecida. Lo que ahora pide ETA es precisamente lo que Sáenz de Santamaría niega que vaya a hacer este Gobierno: negociar. Es de esperar que mantenga su palabra. Aunque últimamente la palabra del PP no es un valor excesivamente fiable y su reciente Plan de Reinserción para presos terroristas abre horizontes de incertidumbre. Como bien ha dicho el parlamentario de UPyD Gorka Maneiro, "lo grave [del Plan de Reinserción] es que traslada un mensaje a los presos de que antes o después el Gobierno acabará cediendo a sus reivindicaciones, trasladando la imagen de un Gobierno sensible a las presiones y dispuesto a moverse incluso aunque ETA no se disuelva".

Según avanzaba ayer por la tarde El País en su edición digital, haciéndose eco de la autodenominada Comisión de Verificación, "la banda está esperando un gesto del Gobierno, un oferta de mantener un contacto, para emprender un proceso de desarme y buscar una solución definitiva". La pelota vasca está sobre el tejado español. ¿Gesto? ¿Contacto? ¿Solución definitiva? Ningún Gobierno debe hacer "gestos" que signifiquen llegar a compromisos con los terroristas; ni debe pagar un precio político -cosa que ya se ha hecho: los filoetarras están en las instituciones- a cambio de la disolución de la banda. En cuanto a la "solución definitiva", no cabe otra que el desarme y la disolución de ETA sin contrapartidas penales que beneficien a los asesinos encarcelados o aún en libertad.

Sin embargo, es de temer que este u otro Gobierno acabarán cediendo a las reivindicaciones de los terroristas. La corrupción programada del lenguaje, llamando "lucha armada" al terrorismo o "proceso de paz" a las negociaciones, hace tiempo que está preparando el terreno.