España y los piratas somalíes

EL presidente del Gobierno ha dicho en Polonia que la negociación encaminada a lograr la liberación del atunero vasco Alakrana y sus tripulantes, secuestrados por piratas somalíes desde hace cuarenta días, "parece encauzada". Al pacto sobre el pago de un rescate a los captores se añade la posibilidad de una solución jurídicamente aceptable al conflicto derivado de la detención por la Armada española de dos de los piratas, convertida en el mayor obstáculo para una solución definitiva al conflicto. Descartada la salida militar, que pondría en riesgo seguro la vida de nuestros compatriotas y de los marineros de otros países que también integran la tripulación del barco, la vía negociadora se va abriendo paso como la más viable, aun en medio de la polémica incesante sobre la gestión de la crisis por el Gobierno, azuzada en los últimos días por el viaje oficial a Argentina de la vicepresidenta Fernández de la Vega, responsable del gabinete de crisis que trata de zanjar favorablemente el problema. Consideramos desenfocada e inoportuna esta polémica, independientemente del error cometido al trasladar a los dos piratas arrestados a España para ponerlos a disposición de la Audiencia Nacional, entre otros motivos porque la trifulca nacional en marcha sólo beneficia los intereses criminales de los secuestradores, que manejan la división y las declaraciones que la ilustran en su beneficio. Esto no ocurre en ninguno de los numerosos países que sufren o han sufrido asaltos semejantes de sus embarcaciones en la zona afectada. Lo normal es que familiares, agentes políticos, económicos y sociales y medios de comunicación cierren filas en torno al Gobierno, que ha de garantizar el interés nacional, aparcando las críticas y denuncias acerca de las posturas que se van adoptando en función de las cambiantes circunstancias de un conflicto tan grave y delicado. No es silencio lo que se pide, sino discreción y responsabilidad. Tiempo habrá, cuando los marineros vuelvan sanos y salvos, de enjuiciar la gestión realizada y unificar criterios, incluyendo a la patronal del sector, para evitar nuevos episodios de violencia de los piratas del siglo XXI.