EL juicio por el caso de las facturas falsas en el distrito Macarena, destapado en su día por los ediles del PA Rafael Carmona y Paola Vivancos y el que más quebraderos de cabeza ha dado al Ayuntamiento presidido por Monteseirín, ha quedado aplazado al menos hasta febrero por la decisión de uno de los imputados de renunciar a su abogado defensor alegando pérdida de confianza. La impresión generalizada es que se ha tratado de una estratagema de José Marín, ex secretario del distrito, para diferir al máximo la celebración de la vista después de que su letrado intentara pactar un acuerdo con el fiscal y el resto de abogados a fin de librar del riesgo de cárcel a su representado a cambio de declararse culpable de las acusaciones que se le imputan, pagar una multa equivalente al importe de las obras presuntamente no realizadas y aceptar una condena inferior a la inicialmente solicitada por el Ministerio Público. La Fiscalía pedía para el antiguo secretario del distrito y ex director del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento una condena de 5 años y 3 meses por presunta falsedad documental y malversación de caudales públicos, pena que en caso de concretarse le podría suponer la pérdida de la libertad. La petición para José Pardo, el contratista y ex socio de Juan Guerra que apareció fotografiado en el mitin de Bellavista, era de 4 años y 3 meses, mientras que para Manuel Portela, un colaborador del distrito, se solicitaban dos años. Los letrados de estos últimos también negociaron sustanciales rebajas a cambio de aceptar su responsabilidad en el affaire. Sin embargo, en el último momento y quizás atendiendo instrucciones superiores, el fiscal se negó a ningún tipo de arreglo y ante la inminencia del juicio, a Marín no le quedó más salida que recusar a su propio defensor con una tesis poco verosímil, pues parece improbable que un letrado negocie durante días una salida para su representado sin que éste esté informado de los pasos dados en cada momento. La recusación ha sido una estrategia para ganar tiempo y dilatar la celebración del juicio a fin de que la sentencia no se firme hasta finales de 2009 y de que quede en suspenso por los presumibles recursos ante el TSJA. La dilación no beneficia al Ayuntamiento, pues mientras no se esclarezca el caso de las facturas falsas la gestión municipal quedará bajo la sombra de la sospecha.

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