Polémicas La entrevista de Jesús Quintero a José Mª García que le costó el veto en TVE

Monticello

Víctor J. Vázquez

vvazquez@us.es

Expresar el franquismo

Sería paradójico desde luego que, a cuenta del franquismo, el legislador negara la libertad de expresión

A diferencia de otras constituciones de posguerra la española no exige una militancia ideológica en el antifascismo. La principal razón de esto es puramente biológica, Franco murió en ejercicio dictatorial y nuestra Transición carece del pulso épico y estético que sí tienen aquellas constituciones de posguerra fundadas sobre la derrota del totalitarismo. Esto no quiere decir, desde luego, que la idea de modernidad política que nuestra Constitución encarna no sea refutación del franquismo, ni que la sociedad española no transitara pronto y mayoritariamente hacia su repudio. Del mismo modo, como la realidad italiana o la francesa hoy ponen de manifiesto, el antifascismo constitucional no contiene siempre el éxito de pulsiones políticas autoritarias o xenófobas que, en el caso italiano, incluyen hoy guiños claros, en fondo y forma, a la propia tradición fascista. En cualquier caso, que la memoria democrática no sea en España una política de ejecución de la Constitución no quiere decir, obviamente, que esta no sea una opción legítima de las mayorías parlamentarias. Entre otras cosas, dicha política puede aspirar a excluir del espacio institucional toda expresión reivindicativa y celebratoria del franquismo o de la dictadura, sin que ni siquiera haga falta aquí apelar al antifascismo militante. Basta subrayar algo tan básico como que el Estado constitucional tiene un prestigio moral y que este es incompatible con la deferencia simbólica hacia una cultura dictatorial proyectada represivamente durante décadas sobre sus ciudadanos. El bipartidismo tendría que haber compartido legislativamente esa tarea no ya en ejecución de la Constitución sino en el nombre de España y su dignidad. Ahora bien, si el Estado no tiene libertad de expresión sí la tienen los ciudadanos, y aquí, en este caso en nombre de la Constitución, hay que recordar que la mera exaltación del franquismo, ya sea simbólica, no puede ser sancionada. Sería paradójico desde luego que, a cuenta del franquismo, el legislador negara aquello que este régimen más despreció, la libertad de expresión. Por eso mismo, tengo dudas de que pueda exigirse, como la nueva ley de memoria democrática hace, la retirada de elementos que exalten el franquismo ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público. El Estado ha de velar porque los ciudadanos no hagan daño pero no puede ser responsable de su virtud democrática. Aquí que cada palo aguante la vela de su mediocridad.

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