HACE poco más de un año, dos economistas que enseñan en Estados Unidos, uno en el MIT y otro en Harvard, revolucionaron el análisis político y económico con un libro, Por qué fracasan los países (Deusto, 2012), que todavía da lugar a innumerables artículos y comentarios y que ha servido para revisar muchas de las afirmaciones que hasta ahora se ha habían considerado como verdades indiscutibles. La teoría, a grandes brochazos, que presentan Daron Acemoglu y James A. Robinson, a través del estudio de numerosos casos de éxitos y fracasos, es que la riqueza de las naciones no está en función de la geografía, el clima o la población, sino de las instituciones con las que se dotan para su gobierno. Si esas instituciones son inclusivas, es decir, si respetan la libertad de elección de los ciudadanos, la participación, la propiedad y, en definitiva, dan los servicios básicos que demandan la sociedad, el país triunfa. Si las instituciones son extractivas y gobiernan unas élites que sólo se preocupan de perpetuarse en el poder vampirizando los recursos públicos, el fracaso está asegurado. El libro, cuya lectura es casi obligada para todos los interesados en estos temas, da para mucho más, pero valgan estas pocas frases para situar la teoría de Acemoglu y Robinson en el contexto de lo que está ocurriendo en Andalucía.

La primera conclusión que cabría situar es si en la comunidad operan instituciones extractivas que de una u otra forman lastran el desarrollo de nuestra sociedad en vez de contribuir a impulsarlo. En estos momentos, y por razones de actualidad, este planteamiento podría ser aplicable de una forma clara a los llamados interlocutores sociales: sindicatos y patronal. Las políticas de concertación se han traducido, en la práctica, en la financiación de estas organizaciones con abundantes recursos públicos a cambio de garantizar una forzada paz social y de un más forzado consenso sobre la política económica que aplicaba la Junta. El pago ha sido la renuncia expresa al papel que deberían haber desarrollado en las últimas décadas tanto sindicatos como empresarios. Lo que se ha conocido sobre UGT, y lo que tímidamente empieza a asomar sobre Comisiones Obreras y la CEA, es la constatación clara de que el sindicato más próximo al partido socialista se convirtió, gracias a esas políticas de concertación, en una enorme maquinaria de gestión de subvenciones públicas en su exclusivo beneficio. En palabras de los autores de Por qué fracasan los países estaríamos ante un ejemplo claro de élite extractiva que antepone sus propios intereses a los de la ciudadanía. ¿Es este un fenómeno solamente andaluz y que afectaría a patronal y sindicato? Desgraciadamente, no. Un vistazo por las diferentes autonomías y por la Administración central nos llevaría a concluir que circunstancias semejantes se dan por todos lados y que el gran fracaso del proceso de Transición, que ahora está sometido a revisión, es que España con la Constitución de 1978 no fue capaz de dotarse de instituciones inclusivas y que buena parte de nuestro sistema fue colonizado por élites extractivas. Por eso hay que reformar tantas cosas.