EL gobernador del Banco de España, el vicepresidente Económico del Gobierno y hasta el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios vienen repitiendo desde el pasado mes de septiembre que hay que esperar cambios en el mapa bancario español, especialmente en el de las cajas de ahorro. Incluso el propio presidente de la Confederación de Cajas admitía, en pleno epicentro de la crisis financiera internacional, que algunas cajas podrían verse obligadas a fusionarse para reforzar sus defensas frente a la crisis y hasta el propio presidente del Gobierno defendió la creación de un fondo específico de recapitalización, por si las circunstancias obligaban a intervenir en entidades con dificultades, que todavía no ha habido que utilizar. La impresión, sin embargo, es que tanta coincidencia en una cuestión que exige tanta prudencia en las formas no podría tener otra interpretación que el firme convencimiento de inminente movimiento en la sala de urgencias. Sabemos que al regulador español no le satisface el modelo de intervención directa y masiva del Estado en el capital de los bancos, y el fracaso de la experiencia británica al respecto parece darle la razón, al menos hasta el momento, pero también se sabe que un grupo de cajas de ahorro está severamente advertido de que no habrá demoras en la exigencia de consolidación de balances y que se acaba el tiempo para buscar socios con los que fusionarse o podrían ser intervenidas.

No hay que sorprenderse, por tanto, de que tras el fracaso de los primeros contactos con Ibercaja, la Caja de Castilla-La Mancha haya iniciado una segunda ronda de conversaciones con Unicaja para estudiar su posible fusión. La cuestión es el sentido que puede tener para esta última hacerse cargo de una entidad con problemas, como supuestamente es el caso de caja castellano-manchega. El principal argumento a favor es que si el Banco de España lo autoriza será porque considera viable la operación, aunque se anuncien ayudas oficiales para hacer soportable la situación y no forzar excesivamente las estructuras de la caja andaluza. En cualquier caso, España es un país en el que opera un número relativamente reducido de entidades financieras, pero también donde más oficinas funcionan por cada 1.000 habitantes. Se trata de un modelo de banca que, especialmente en el caso de las cajas, se ha impuesto en los últimos años y que resulta muy cercano al cliente, pero también poco especializado y muy sesgado hacia la gestión de pasivos e hipotecas, y al que la crisis augura un futuro poco prometedor. En ese futuro cabe esperar costes financieros reducidos, que exigirá mayores niveles de eficiencia a las entidades, y un cambio significativo de orientación en el negocio que, a pesar de Basilea II y de la nueva regulación, debería permitir aprovechar al máximo el acervo de conocimientos sobre innovación financiera que ha desarrollado el sector en los últimos años. Es posible que, en el contexto de una crisis como la actual, la fusión pueda interpretarse como una oportunidad para ganar escala y tamaño, aunque también es probable que eleve significativamente el coste de los ajustes estructurales para la entidad resultante.