LAS convulsiones financieras en Europa tienen su epicentro indiscutible en Grecia, pero las réplicas alcanzan al conjunto del continente. A los periféricos a través de la crisis de la deuda soberana y a los del centro y norte a través de la conexión existente entre la salud financiera de sus bancos y la capacidad de los griegos para evitar la quiebra. El mayor mérito de la cumbre celebrada la pasada semana es que hubo medidas para contentar a las tres partes. La respuesta al problema griego se resumió en una quita del 50% de su deuda pública, unos 100.000 millones de euros, que la convocatoria del referéndum pone en peligro, junto a los 130.000 millones del segundo plan de ayudas. A los periféricos se les ofreció la ampliación del Fondo de Estabilidad hasta un billón de euros, esperándose poder contar con la colaboración de los países emergentes con superávit corriente e ingentes cantidades de reservas de divisas, también ahora amenazada por el referéndum de Papandreu.

A los bancos se les exige que se recapitalicen, además de cargar con la parte correspondiente de la quita de la deuda griega, sin que nadie se haya quejado hasta ahora, al menos de manera ruidosa. Tampoco lo han hecho los bancos españoles, aparentemente los peor tratados durante la cumbre puesto que, con la excepción de los griegos, serán los que estén obligados a un mayor esfuerzo para mejorar sus garantías, lo que ha pretendido aprovechar la oposición política a Zapatero para criticarle por la deficiente defensa de los intereses de la banca española durante la cumbre. Desde luego se siente mucho menos amenazada que la de Alemania o Francia por el riesgo de bancarrota en Grecia y los resultados de los tests de estrés publicados hasta ahora tampoco reflejan una situación especialmente preocupante. Los del primero resultaron, al margen de las deficiencias del método, claramente favorables a la banca española y los del segundo permitieron alardear de transparencia frente al resto, a pesar de verse perjudicada por los criterios utilizados para la identificación del capital de máxima garantía. En cualquier caso, y esto es lo más llamativo, los bancos españoles apenas se han quejado. Tan sólo alguna advertencia aislada para que se sepa que las nuevas exigencias se traducirán en una mayor restricción del crédito, pero sin ningún atisbo de dudas acerca de su cumplimiento a rajatabla y con el menor recurso posible a las ayudas públicas. En cualquier caso, un escenario sombrío para el crecimiento y el empleo, del que la banca podría estar intentando desmarcarse aduciendo razones impuestas e inaplazables de reestructuración financiera. Nadie puede saber las verdaderas intenciones de los bancos, pero si van a poder seguir contando con financiación barata e ilimitada del BCE, es evidente que tienen un magnífico negocio en puertas: recomprar su propia deuda ahora que el precio está por los suelos y evitar tener que hacer frente al desembolso correspondiente en su vencimiento. Reducirían el pasivo y mejorarían sus beneficios. La única pega es que el crédito seguiría sin llegar al sector privado y así no hay forma ni de crecer ni de crear empleo.