editorial

Ikea requiere una solución de consenso

EL alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, reiteró el miércoles que piensa modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) las veces que considere conveniente para facilitar la instalación en la ciudad de empresas como la multinacional sueca Ikea, que desde hace meses demanda al Ayuntamiento que tramite una recalificación a la carta que amplíe los topes de edificabilidad lucrativa previstos en el máximo documento urbanístico de la ciudad. Resulta evidente que en un momento de crisis como el actual cualquier iniciativa de corte empresarial tiene quecontar con el apoyo y la atención de los gobernantes. Ikea debe recibir del Ayuntamiento todas las facilidades posibles, aunque éstas deben canalizarse a través de la norma que regula el urbanismo sevillano. La empresa, y los propietarios del suelo donde pretende instalarse (San Nicolás Oeste), piden más plusvalías no porque el futuro segundo centro comercial corra algún peligro -el espacio reservado por el PGOU es suficiente- sino porque las magnitudes urbanísticas actuales impiden que su plan de negocio, centrado en la promoción inmobiliaria a terceros, responda a sus propias expectativas. Sevilla necesita a Ikea tanto como que se respete la normativa. Algo que los funcionarios, en los que Zoido dice confiar, han defendido en el ejercicio de sus funciones al desestimar el Plan Parcial de los propietarios. Convendría que este tipo de asuntos no se aborden ni en solitario ni con maximalismos. Zoido tiene mayoría en el Pleno para alterar el PGOU, pero sería conveniente explorar formas de colaboración con la Junta y con otros grupos políticos. Los convenios del PGOU, de hecho, se firmaron gracias a un procotolo común acordado entre todos los grupos municipales. Un antecedente que señala el camino a seguir para que cualquier inversión privada beneficie a la ciudad. El alcalde, al igual que él mismo ha propuesto en temas como el empleo, tiene una oportunidad histórica para acordar un marco urbanístico común y perdurable que permita a todos los posibles inversores contar con la misma seguridad jurídica. Sevilla lo agradecería.

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