A Juanma Moreno hay que recordarle constantemente que es presidente de la Junta de Andalucía gracias a los votos de Vox y Ciudadanos. Hagamos memoria: 2 de diciembre de 2018. Se celebran elecciones autonómicas para elegir a los parlamentarios de la XI legislatura andaluza. El PP, pese a sus malísimos resultados y retroceso en siete escaños, queda en segunda posición, detrás de un PSOE al que Susana Díaz ha conducido hacia a una auténtica debacle (14 escaños menos). Un día antes, en todos los corrillos se daba por acabado al líder popular. El electorado, según se observa en los resultados, también. Sin embargo, la irrupción en el Parlamento autonómico de Vox con 12 escaños permite a Juanma Moreno llegar a un pacto con naranjas y abascalistas para acabar con 40 años de socialismo en Andalucía y, de paso, coronarse él como presidente con maneras de monarca de película de Walt Disney. Los de Vox, bisoños aún en política, no exigen entrar en el Gobierno y cierran un pacto que el PP terminará convirtiendo en papel mojado. Una jugada maestra para aquellos que consideran la política (y la vida en general) como una marrullería infinita en la que lo importante es vencer a toda costa. Cuatro años después, en las elecciones autonómicas de 2022, el pueblo andaluz bendice la caballerosidad del PP y lo eleva a una contundente mayoría absoluta. Vox, pese a subir en dos escaños y a que daba por hecho que esta vez entraría en el Gobierno, se queda en la oposición. Ha madurado tarde. Todo indica que el ciclo en San Telmo de Juanma Moreno será largo.

El actual presidente de la Junta tiene derecho a defender la política de pactos que considere necesaria, pero no se entiende su oposición frontal a un acuerdo PP-Vox en el Ayuntamiento de Sevilla que lo sacaría del bloqueo que vive actualmente. Y menos a inventarse una supuesta pinza entre Vox y PSOE contra un beatífico PP. Sabe que eso es mentira y difundirlo, por lo tanto, un bulo. Tampoco se comprende que el alcalde Sanz no ponga en su lugar al presidente Moreno, le recuerde que él se debe exclusivamente a Sevilla y a su Ayuntamiento (institución muchísimo más antigua y venerable que la Administración autonómica) y le deje claro que pactará con quien crea necesario para asegurar la gobernabilidad de la ciudad. Al final seremos los sevillanos los que paguemos.