LA escasa fuerza de argumentos con la que el PP ha rebatido el decreto de la Junta que permite la expropiación temporal de viviendas y la imposición de multas a las inmobiliarias y los bancos si no consiguen alquilar el parque de casas vacías indican dos hechos. Primero: el PP ha tomado conciencia de un problema que, casi sin los matices necesarios, se ha instalado en la agenda política nacional, de ahí que no haya entrado a criticar el fondo del decreto. Segundo: el temor de este partido y del Gobierno a llevar el texto al juicio del Constitucional. Los argumentos empleados por el PP han sido, por así decirlo, colaterales: de un lado, mantiene, como hizo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que aporta poco y que ya hay uno, de ámbito nacional, que impediría los desahucios a personas con riesgo de exclusión y, de otro, la puesta en duda de la legitimidad del PSOE e IU para adoptar la decisión.

El argumentario del PP indica, en este último aspecto, tres consideraciones: la Junta posee una parte importante, pero no calculada, de viviendas vacías de protección oficial; la Consejería de Fomento desahucia a familias de sus VPO, y Elena Cortés, la titular de Fomento, fue consejera de Cajasur mientras la entidad cordobesa echaba a afectados a la calle.

Pero Cortés, que en más de una ocasión, y en su faceta como concejal de Córdoba, ha dado muestras de su radicalidad, no ha sido, tal como afirma el PP, consejera de Cajasur, sino integrante de la asamblea de la caja, compuesta por dos centenares de personas y sin capacidad de decisión, excepto para refrendar las cuentas anuales. Segundo, la Junta no tiene viviendas vacías de protección oficial, más allá de las que por mudanza o otros contratiempos estén desocupadas y, respecto a los desahucios, fue la propia Cortés la que en junio paralizó los desalojos. Aunque los trámites siguen avanzando en el BOJA por la vía administrativa para no hacer dejación de sus funciones de vigilancia, simplemente, no se ejecutan.

Después de varias semanas en las que el Gobierno de José Antonio Griñán y sus socios de IU, como por simpatía, centraban las segundas o terceras noticias de los informativos de la RTVE por el caso de los ERE, el Ejecutivo andaluz ha conseguido colocarse en el centro de la agenda nacional. El PSOE federal ha hecho suyo el decreto, y lo llevará al Congreso; el PP anda como desconcertado, e IU comienza a creer que aquel imposible sorpasso de Julio Anguita, por el que terminaría adelantando a los socialistas por la izquierda, es ahora real, una vez que todas las encuestas dan por acabado el sistema de los dos grandes partidos. El bipartito perfecto, la alternacia PP-PSOE.

El decreto de la Junta, sin embargo, conlleva dos graves dudas jurídicas, pero el PP ha preferido no entrar en ello. Por miedo. Todo lo ha dejado en las pulcras manos de la Abogacía General del Estado. Políticamente, Griñán e IU han realizado la jugada perfecta: si el Constitucional suspende el decreto por petición del Gobierno, tal como ha ocurrido en dos ocasiones con la subasta de medicamentos, el PP seguirá perdiendo apoyos políticos, incluso, entre el electorado más templado, el que le dio la victoria.

Ahora bien, las dudas deben aclararse. La primera plantea una seria colusión entre el derecho a la propiedad privada y el de la vivienda, no tanto en el caso de la expropiación temporal, sino por el de la obligación de colocar en alquiler, por parte de bancos e inmobiliarias, su parque de viviendas al precio que sea. Hay que considerar que el decreto los obliga a ello, aunque la entidad haga denodados esfuerzos por encontrar a clientes. El PP podría recordar, pero se le agotó la memoria, que ya en la pasada legislatura el Gobierno de la Junta aprobó una ley que, supuestamente, garantizaba el derecho de todos los andaluces a la vivienda. ¿Qué fue de aquello? Pues, de momento, nada. Ahora bien, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, han acogido con prudencia, y cierto entendimiento, este decreto.

El Gobierno andaluz ha encontrado una vía, un relato, para su legislatura, y ya se anuncia otro plan de impacto: el de la lucha contra la exclusión social. Antentos.