USTED, empresario o autónomo, deja de pagar las cuotas de la Seguridad Social de uno de sus trabajadores porque el mes ha sido pésimo, o bien deja de cumplir su obligación para que sea la propia Seguridad Social la que lo financie a usted temporalmente, y en ambos casos es muy probable que le pillen más pronto que tarde, y que le caiga una sanción estupenda. Si usted olvida meter en su declaración de la renta unos ingresos poco habituales obtenidos, pongamos, en una conferencia, no dude que la Agencia Tributaria le hará llegar un sobre con una bandita rosa a su buzón, con una amenaza farragosa o, directamente, con una complementaria. En uno y otro caso, es de ley que sea así: con los dineros de todos no se juega, ni se trampea, ni se debe ser olvidadizo. Sin embargo, para otras cosas, la Administración -las administraciones, cabe decir a la vista de la metástasis competencial española- es letalmente lenta y, en apariencia, muy indolente. La clave de este trastorno bipolar en el servicio público está en que, mientras que Hacienda y la Seguridad Social son generadores natos de ingresos, otros servicios públicos son puro gasto… y se los condena al cartapacio, al archivo criadero de ácaros y a la postración tecnológica. Véase, la Justicia. Con los impuestos y la cotizaciones no se juega; la Justicia es, volviendo por pasiva la cita clásica pachequiana, cachondeable. En España, alguien -un alguien de a pie, no un narco o un terrorista- no se persona en un juicio en el que se aportan pruebas en su contra, y no le pasa nada, por mucho que por ello se evaporen recursos de particulares, y no digamos de los juzgados. En España, usted demanda a alguien por algo, y ese alguien puede seguir media vida haciendo ese algo que a usted le daña, tan ricamente. En España, si una persona en un juzgado pusiera una y otra vez su carpeta en último lugar, su reclamación o recurso se queda en el limbo sin más explicación ni responsabilidad. En España, para más inri -hoy toca el término-, la gente comienza a demandar ante la Justicia por cualquier nimiedad, sin intentar arreglarse antes con la contraparte. Tutto sommato, un puttanaio, como decía un cómico italiano. La causa de la dejación en la reforma judicial está en buena parte en los intereses del Ejecutivo. Un poder que debe ser controlado por el Judicial a la luz de la producción del Legislativo. Pero más allá de un Montesquieu al que respetamos profundamente pero que en absoluto conocemos en profundidad, la cuestión es que al Ejecutivo -identificable con una partitocracia creciente y alternante- no le interesa el control judicial. Por mucho que el juez Castro haya decidido masacrar a un político corrupto, Matas, esta semana, por medio de un auto inaudito por su crudeza. ¿Un precedente para acabar con la bestia de la corrupción política? ¿O un chivo expiatorio (al parecer, un chivo muy mangante, el ex ministro y ex presidente mallorquín) para apaciguar la ira de la gente contra los políticos en las conferencias universitarias y los palcos de fútbol? Las más necesarias reformas estructurales son las de la Justicia y la Educación. Y no producirían efectos a corto plazo, luego no las aborda nadie… ¡Con todas las elecciones que hay que dilucidar! Sin una Justicia medianamente rápida, la vida mercantil y civil está castrada, le faltan cilindros. Pero a los partidos este marasmo les viene cómodo, y no afrontan su reforma cuando ostentan el poder. La penuria presupuestaria pública es una nueva coartada. Hasta se quitan de en medio consejerías de Justicia…