EL anteproyecto de Ley para la Memoria Democrática aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía constituye un peaje demagógico que el PSOE andaluz ha pagado a Izquierda Unida. Los socialistas han terminado por claudicar ante las exigencias de la coalición dando su visto bueno al proyecto revisionista de su vicepresidente, Diego Valderas. La norma, que todavía tardará en ser aprobada por el Parlamento, constituye una tropelía política y un disparate jurídico, que recupera y potencia la ley de Zapatero a nivel nacional, inspirada sin disimulo por el intento de releer la historia y agitar el fantasma de la guerra civil y la dictadura de Franco, que quedaron superadas por la transición democrática y el pacto de amnistía y perdón en que se basó. Supone, igualmente, una frivolidad lamentable en una situación como la que viven muchas familias andaluzas, que necesitan empleo, educación y mejoras en su bienestar, y que los gobernantes miren al presente y al futuro y no al pasado. El anteproyecto de ley que impulsó ayer el Gobierno de coalición establece, entre otras cosas, la expropiación temporal de terrenos privados cuyos propietarios se opongan a facilitar las exhumaciones de posibles víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que se encuentren en los mismos (la Junta se ha encargado previamente de localizar más de seiscientas presuntas fosas), un ultimátum a los ayuntamientos para que eliminen todos los símbolos o elementos arquitectónicos franquistas, independientemente de su valor artístico, o de lo contrario serán sancionados y se expondrán a dejar de percibir ayudas del Gobierno andaluz, la ampliación de la condición de víctimas del franquismo a los bebés robados incluso a principios de los años ochenta del siglo pasado y los presos en campos de concentración nazis, la equiparación de los actos de ensalzamiento de la dictadura a los de exaltación del terrorismo desde el punto de vista penal y la inclusión de contenidos relacionados con la memoria democrática en los planes de enseñanza de la ESO y el Bachillerato. Desde el punto de vista temporal, la ley pretende juzgar con la perspectiva de hoy todos los hechos políticos ocurridos desde el 14 de abril de 1931 (proclamación de la Segunda República) y el 11 de enero de 1982 (entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía de Andalucía). En suma, una iniciativa disparatada, destinada a contentar al sector más ideologizado de Izquierda Unida, ajena al interés de los andaluces y a la que el PSOE de Susana Díaz ha prestado su anuencia y respaldo. Un error grave.