EMILIO de Llera, consejero de Justicia, considera sorprendente que la juez Mercedes Alaya no haya imputado aún a José Antonio Viera, el que fuera consejero de Empleo cuando se creó el sistema de concesión de ayudas a trabajadores afectados por los ERE. Y no es que Llera sea un excéntrico, un bocazas o un indocumentado, lo que él opina está en la mente de muchos -jueces y abogados incluidos-, aunque lo relevante de las declaraciones que realizó ayer al programa Buenos días, Andalucía, de Canal Sur, es su condición de fiscal en excedencia y de consejero de la Junta. Un consejero singular. Claro, su argumentación es sólida: si Antonio Fernández, que fue viceconsejero de Viera cuando ambos firmaron el convenio que hizo posible esta línea de ayudas, ha ido, incluso, a prisión, ¿por qué Alaya no imputa al superior? La respuesta es, efectivamente, la que dio el propio Llera: porque Viera es diputado aforado, y el caso, o parte de éste, pasaría del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla al Tribunal Supremo.

Alaya quiere armar toda la instrucción de los ERE, y sólo al final, cuando considere que el caso está bien armado, lo mandaría al Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía si hubiese algún consejero en activo imputado.

El problema es que Viera es un imputado virtual, una suerte de nueva categoría penal, lo que provoca un problema de indefensión que puede acarrear serios problemas al caso una vez que comience el juicio. Porque el fin de Mercedes Alaya no debería de ser su instrucción, sino que ésta facilite un juicio eficaz de los hechos. Sé de implicados que opinan que cuanto más tiempo tarde Alaya en imputar a Viera, más se benefician sus intereses porque habrá más oportunidades de impugnar la instrucción. Ahí radica el problema de Alaya, y la lección que, con mayor o menor suerte, le ha dado Emilio de Llera. No es sólo su opinión. Está extendida. A medida que la instructora extiende el caso, no deja que otros jueces se encarguen de otros procesos importantes de su juzgado y sigue excavando en la investigación del fondo de reptiles como la que intenta buscar la explicación de la extinción de los dinosaurios e irá abriendo huecos que la defensa sabrá aprovechar en el juicio. Y, en algunos casos, con razón.

Éste es el problema: la frustración que provocaría en la ciudadanía un juicio con un resultado de exculpación masiva sobre un caso de corrupción cuya instrucción ya está repleta de presuntos culpables.