Atodos nos sonó raro que Fernando Mellet dejara por voluntad propia la dirección de Mercasevilla. Había presentado un balance con superávit, rara avis en una empresa pública de la Administración local. Con unas cuentas auditadas que son la antítesis de un pozo sin fondo, ahora su honorabilidad está en la picota y la sombra del cohecho le persigue por la Fiscalía tras pedirle 450.000 euros a los empresarios de La Raza, sin facturas, en efectivo y en un maletín que se coge como en un descuido.

El asunto es un escándalo en toda regla porque el denunciante, Pedro Sánchez Cuerda, al frente del grupo de restaurantes La Raza, alertó a la Consejería de Empleo de lo que le parecía sospechoso (entregar unas cantidades sin justificar a cambio de que les concedieran a dedo la Escuela de Hostelería que iba a crear Mercasevilla) y, a instancias de la autoridad, grabó la siguiente conversación que tuvo con Mellet y su director adjunto, Daniel Ponce.

Está por ver que de la contraposición de pareceres entre ambas partes se valore como delito esa manera de hacer negocios. Los acusados alegarán que la suya es una manera informal de gestionar una fundación. Por otro lado, resulta inusual este tipo de denuncia. La actitud de Sánchez Cuerda no es frecuente en la clase empresarial. ¿Nos creemos que todo el mundo es bueno o damos pábulo a la sospecha de que se impone pasar por caja y callar, o guardar igualmente silencio aunque se hayan resistido a la extorsión, por miedo a represalias?

Algo huele a podrido en Mercasevilla. Y salpica al gobierno de coalición PSOE-IU porque los acusados son militantes socialistas designados para esos cargos cuando el delegado de Consumo era José Antonio García, defenestrado tras el caso Macarena. Salvaguardemos la presunción de inocencia para todos. Pero ejerzamos el derecho a preguntar: ¿para quién era el dinero que exigían en un maletín? ¿En beneficio particular o al servicio de alguna causa?