LA mayor parte de los políticos de más rango del Gobierno Zapatero, junto a magistrados de los órganos jurisdiccionales y miembros de comisiones reguladoras, han renunciado al cobro de las indemnizaciones por cesantía. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les mandó una carta para que prescindieran de ese sobresueldo. Y lo filtró a la opinión pública para que todos los aludidos se sintieran sometidos al deseo popular de ver caer los emolumentos y ventajas que depara estar en los despachos de más poder. Zapatero es uno de los que ha aceptado y mantiene sólo el sueldo que le corresponde por su actual pertenencia al Consejo de Estado.

Son pequeños ahorros a efectos presupuestarios. Pero tienen un gran valor para que el reparto del sacrificio sea más edificante. Hay que perseverar en esa exigencia cívica de ejemplaridad y equidad. Por ejemplo, que la Junta de Andalucía deje de pagar cada mes un cuantioso plus a sus altos cargos para compensar los gastos de vivienda lejos de su domicilio. Son decenas de miles los andaluces que trabajan a sueldo de la Administración autonómica con salarios más bajos y en los destinos que les marcan por muy lejos que estén de su pueblo o ciudad, y no reciben compensación por levantar su casa y gastarse los cuartos en otra provincia. En su caso, es o tomas el trabajo o lo pierdes. El mismo rasero debe aplicarse a quien asciende a la esfera de la responsabilidad política. El nombramiento es un premio en forma de promoción personal. Avíense con la nómina.

Aunque todos los agravios quedaran zanjados, y aunque vayan a prisión quienes falsearon balances en entidades financieras para forrarse, o quienes se aprovecharon de los ERE, eso es condición necesaria pero en modo alguno suficiente para enderezar el paro, la pérdida de renta per capita, el déficit y las deudas. Son un acto de justicia. Pero la falta de competitividad y eficiencia de nuestro modelo productivo sólo se arreglarán con una titánica tarea para diez años que va mucho más allá de cuál sea el sueldo de los políticos.