LO que está pasando en Italia no tiene tanto que ver, todavía, con una ola de racismo o xenofobia como con el miedo. Y el miedo es terreno abonado para que proliferen los discursos, estos sí abiertamente racistas y xenófobos, de quienes lo aprovechan para salir de las madrigueras en que la extrema derecha sobrevive sin apenas atreverse a asomar el hocico fuera de Internet y de la violencia pandillera. Como están haciendo en Nápoles, asaltando campamentos de gitanos rumanos, y en Roma, donde acaban de ser asaltados varios negocios de inmigrantes en Pigneto. Los sucesos de Nápoles parecen inspirados por la Camorra y los de Roma, según la policía, son un síntoma de "una fuerte intolerancia" carente de "connotaciones políticas". Todavía, habría que añadir.

Estos fenómenos, en parte alentados por la torpeza política o el cálculo electoralista, se extienden, no entre las clases acomodadas u opulentas que viven en barrios blindados, sino sobre todo entre los sectores más débiles -no se olvide que el electorado de Le Pen se concentra en los sectores más desfavorecidos de Francia- que viven en la frontera de la pobreza, al borde de la creciente marginalidad que engulle tantos barrios de nuestras ricas pero desequilibradas sociedades. Y que a sus muchos problemas han de sumar el de la difícil convivencia con quienes no pueden o no quieren integrarse.

Las nuevas leyes italianas sobre inmigración, ha dicho nuestro ministro de Trabajo e Inmigración, "quieren criminalizar al diferente; yo asumo la responsabilidad de gobernar el fenómeno". De acuerdo. Pero que lo haga, cumpliendo lo que también ha afirmado -"un inmigrante ilegal sólo puede tener un destino, el retorno a su país"-, expresando la nueva posición del PSOE ante esta cuestión, reflejada en la ponencia marco del próximo congreso federal de julio, en la que se abordan las "evidentes tensiones por la llegada de extranjeros procedentes de distintas culturas" y se afirma que la capacidad de acogida de inmigrantes se regulará "de acuerdo a las expectativas de nuestro mercado de trabajo" y dando "prioridad a la promoción de empleo en el país".

En caso contrario quienes criminalizarán a los inmigrantes no serán los ciudadanos españoles, sino los propios inmigrantes que cometan delitos tan horrendos como el de los rumanos que mataron a tres personas en la carretera de Mazagón -entre ellos una trabajadora rumana- arrollándolas con un todoterreno robado. "Víctimas de la fatalidad", tituló un periódico. No. Víctimas de quienes robaron el vehículo. Negando la realidad no se ciega la madriguera del racismo y la xenofobia.