editorial

Pagar por visitar las iglesias de Sevilla

EL Arzobispado de Sevilla, administrador de todos los templos religiosos de la Archidiócesis, edificios cuyo valor patrimonial es incalculable, ha tomado la decisión de empezar a cobrar en determinados templos por realizar visitas turísticas. El caso más llamativo es el de la Iglesia del Salvador, restaurada hace apenas unos años gracias a la contribución de muchos particulares y, sobre todo, a dinero procedente de los presupuestos públicos. El prelado hispalense, José Asenjo, explicó la pasada semana que la idea de cobrar una cantidad para acceder a determinados templos responde a las necesidades patrimoniales de la institución, que debe mantener dichos edificios. La iniciativa tiene cierta lógica si se tiene en cuenta que los recursos de la Archidiócesis habitualmente son muy inferiores a las necesidades de conservación de estos templos. La práctica de cobrar a los turistas una cantidad módica por visitar el patrimonio eclesiástico está muy extendida en otras ciudades con importante acervo arquitectónico. En unos casos se trata de precios cerrados; en otros la aportación se deja a la voluntad del visitante. Cualquiera de ambas fórmulas son aceptables para conseguir que el mantenimiento de los templos sevillanos sea el que se requiere. Cuestión distinta es si muchas de las iglesias rehabilitadas en Sevilla durante los últimos tiempos con dinero público son susceptibles de implantar también este sistema de pago turístico. Aquí es donde la posición eclesial incurre en una llamativa contradicción: no puede defenderse el cobro de una entrada a los templos y, al mismo tiempo, reclamar a las administraciones ayudas para rehabilitarlos de forma sistemática, estructural y constante. El Arzobispado, según la legislación, es responsable de que el patrimonio que administra esté en condiciones. Si para ello opta por buscar ingresos a través del turismo tiene legitimidad para hacerlo. Pero, en tal caso, debería entonces desvincularse definitivamente de la costumbre de reclamar a las instituciones lo que, por norma, y salvo situación de urgencia, es únicamente competencia suya: rehabilitar y sostener las iglesias.

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