LA independencia de los bancos centrales es uno de los paradigmas que se tambalean. Concebida como una condición indispensable para el buen funcionamiento de una institución que debe velar por el control de la inflación, los bancos centrales tienen explícitamente prohibida en la mayor parte de los países desarrollados la financiación del sector público. El blindaje de su independencia constituye, por tanto, una garantía de aislamiento frente a las influencias de gobernantes y banqueros privados, que verían cerrada de esta forma la posibilidad de trasladar a los bancos centrales, especialmente a su capacidad para imprimir dinero nuevo, sus problemas financieros. Unos y otros están obligados, por tanto, a una escrupulosa gestión de los recursos que tienen a su disposición, si quieren evitar el colapso de los países y entidades que dirigen, como ocurrió con Lehman Brothers en septiembre de 2008. Aunque no fue la primera ni la única, se acepta como la primera víctima de la doctrina de la no intervención en apoyo de los imprudentes, pero también como una de las últimas. Cuando la administración norteamericana y la propia Reserva Federal comenzaron a calibrar las consecuencias de la multitud de entidades que iban a ser arrastradas durante su caída decidieron intervenir de inmediato. En España, donde el ahorro invertido en títulos norteamericanos no era especialmente abundante por aquellos tiempos, cayeron un centenar de entidades entre gestoras, fondos de renta fija y SICAV, y en la férrea mentalidad conservadora de la sociedad norteamericana hubo que encajar un debate sobre el polémico Plan Paulson, que pretendía dedicar 700.000 millones de dólares de los contribuyentes a rescatar a bancos y compañías de seguro que se habían dejado cegar por la codicia.

También hubo intervención gubernamental en apoyo de sus bancos en varios países europeos y aunque las recetas fueron diferentes, en todos los casos hubo esquinazo a la doctrina de la no intervención en apoyo de los imprudentes. Unos meses después, en abril de 2009, durante la Cumbre del G-20 en Londres, Gordon Brown y Barack Obama defendieron los estímulos fiscales para impedir el desplome de la demanda, y aunque el tándem Merkel -Sarkozy consiguió imponer formalmente su criterio contrario, lo cierto es que otro de los paradigmas más potentes de la época, el de que una unión monetaria es incompatible con el desequilibrio fiscal de sus miembros, terminó cayendo en picado.

Han pasado tres años y medio desde entonces y en Europa seguimos discutiendo sobre las mismas cosas. En Alemania y en otros países del centro y norte de Europa los líderes políticos siguen bombardeando, con indudable éxito, a sus electores con la proclama de que los excesos de la periferia no se deben financiar con sus impuestos. Los ya intervenidos, junto a Italia y España y con la aparente complicidad del nuevo gobierno francés, aceptan la responsabilidad de sus errores y decapitan a los gobernantes que los han permitido o provocado, así como a las formaciones políticas que los han respaldado, pero insisten en que compartir una misma moneda también implica responsabilidades a los del norte, que no pueden difuminarse tras unas estructuras políticas manifiestamente insuficientes para acoger realidades tan desiguales como la que actualmente conforman los países que comparten el euro. La defensa de avanzar decididamente hacia una mayor integración en Europa durante la cumbre que Monti, Hollande, Passos Coello y Rajoy celebran en Malta apunta en esta dirección.

Nadie cuestiona la necesidad de acabar con los riesgos derivados de unas finanzas públicas insostenibles en una zona monetaria compartida, pero parece evidente que los esfuerzos de consolidación fiscal realizados hasta ahora no han conseguido la aceptación esperada por parte de los mercados. En sentido contrario, las iniciativas de carácter monetario han encontrado un eco inmediato, incluso cuando se han limitado a una mera proclamación de intenciones. En los Estados Unidos parecen tener más clara esta idea y se anuncia una tercera edición de facilidades cuantitativas (inyección masiva de dinero mediante la compra de deuda pública), con la intención de incentivar la actividad económica y la competitividad por la vía de la depreciación del dólar. Allí, desde luego, entienden de otra forma la independencia del banco central, que no solamente asume que los problemas económicos del país también lo son de su banco central, sino que también parecen dispuestos a olvidar aquel otro paradigma de que un crecimiento excesivo de la cantidad de dinero termina generando problemas de inflación. En Europa el BCE sigue encerrado en su urna de cristal, ignorando que esta crisis no tiene solamente una dimensión fiscal, sino también monetaria, y que pretender acabar con ella sólo a través de recortes presupuestarios es sencillamente un error. El sometimiento a los dictados políticos de los países del norte llevan a cuestionar la verdadera independencia política del BCE, sobre todo cuando se permite permanecer pasivo ante cuestiones tan evidentes como la diversidad de tipos de interés que en estos momentos impera en el conjunto de la zona euro, o la enorme capacidad desestabilizadora de los movimientos especulativos del capital dentro de la propia Eurozona.