Nuestro Ayuntamiento se ha pasado la última semana del año expurgando el callejero a la búsqueda de algún subteniente o cabo primero franquista que quedara en él -una media docena o así parece que han encontrado- y discutiendo apasionadamente si en el escudo de esta invicta y mariana ciudad San Fernando debe llevar o no espada, o el largo de su túnica, y si San Isidoro y San Leandro deben estar sentados o de pie. Para que luego nos quejemos.

Si nos ponemos a sumar el tiempo y la energía que han gastado las últimas corporaciones municipales en lo de la limpieza del callejero para no dejar en él rastro del régimen que feneció hace ya más de cuarenta años nos llevaríamos las manos a la cabeza. No entendería uno que a estas alturas en la Avenida siguiera compartiendo nomenclátor Queipo de Llano y José Antonio, pero si de verdad lo que se quiere es reivindicar el papel de los que lucharon contra la dictadura más valdría mejorar en los institutos la enseñanza de la historia contemporánea o promocionar documentales como el que recientemente ha realizado Comisiones Obreras -pueden verlo en la web de este periódico- con testimonios desgarradores de sevillanos torturados en los siniestros calabozos de la Social en la Gavidia.

Pero no. El último pleno municipal de 2017 pasará a la pequeña historia de esta Corporación municipal como el del escudo de San Fernando y las últimas calles franquistas. Todo ello, en la ciudad inacabada que parece incapaz de completar sus infraestructuras, de poner un metro más de vía del Metro, de diversificar su modelo productivo para no depender sólo de un turismo cada vez más invasivo y peor planificado o, simplemente, de garantizar el normal funcionamiento de la parada de taxis del aeropuerto y de que caminar por las aceras no sea una carrera de obstáculos.

Sevilla, al margen de circunstancias más o menos caricaturescas como la que nos sirve para este comentario, tiene una urgente necesidad de soluciones. El año termina más o menos igual que empezó, con los mismos problemas encima de la mesa y con la misma atonía a la hora de afrontarlos. No es achacable sólo al alcalde o a su gobierno municipal, o a la incapacidad de la oposición para cumplir con su papel de forma efectiva y rigurosa. Tampoco es culpa de la Junta o del Gobierno central. Pero es una responsabilidad compartida por todos ellos y por una sociedad que hace mucho tiempo que se olvidó de exigir, que es también una obligación colectiva. Sevilla no está para perder más el tiempo. A ver si 2018 entra con la lección aprendida.