CREO definitivamente inútil tratar de convencer a los dirigentes de Izquierda Unida de que sus cargos públicos, electos o designados, no deben formar parte de los piquetes que tratarán de conseguir que la huelga general convocada el 14 de noviembre sea un éxito.

El Consejo Andaluz de la coalición, que es el máximo órgano de dirección entre congresos, ha instado de forma expresa a sus cargos públicos, a nivel municipal, provincial y autonómico (gobierno y Parlamento de Andalucía) a integrarse en dichos piquetes. Sigue así la tradición de la izquierda marxista de configurarse como un partido de combate, en el que la representación legal obtenida a través de las urnas constituye un instrumento más de la lucha contra el sistema.

Ni se les pasa por la cabeza que un consejero de la Junta o un alcalde se deban, antes que nada, a todos los andaluces o a todos sus vecinos, respectivamente, no sólo a los que estén de acuerdo con la huelga general o vayan a participar en ella. Los que la rechazan o no piensan secundarla por los motivos que sea -igual de respetables que los otros- no merecen, pues, que sus intereses los defienda la Junta, a la que yo repito una pregunta: ¿quién es el patrón de los consejeros huelguistas? ¿Acaso existe un empresario que los malmire por dejar de trabajar el 14-N y tome represalias contra ellos?

Aparcando, pues, la melancólica reflexión sobre la postura de IU acerca de la huelga general, vayamos con la actividad piquetera. En el pasado los piquetes de huelga han cumplido dos funciones: informar de los motivos y reivindicaciones de la movilización y facilitar que paren los sectores y trabajadores más aislados, menos concienciados o más controlados por sus patronos. En la España de 2012 está claro que la función informativa del piquete es completamente innecesaria. ¿O es que hay alguien en este país que no sepa que el 14 de noviembre hay una huelga general contra la política de recortes del Gobierno de la nación? Queda, pues, la segunda función, que contiene, de modo inevitable, un elemento de coacción hacia quienes no quisieran sumarse a la convocatoria y terminan dejando el puesto de trabajo, no abriendo su establecimiento comercial o cerrándolo al paso de los piquetes, por temor a la violencia verbal o física de sus integrantes. A los sindicatos convocantes parece que no les importa contabilizar como colectivos que les siguen en su protesta a estos huelguistas más bien forzados que, si fuera por propia voluntad, habrían ejercido su derecho al trabajo. Engordan las cifras.

Hemos visto en otras huelgas generales a autoridades municipales formando parte de piquetes violentos. Las condiciones para que esto se repita el 14-N están dadas.