TRAS el aperitivo presupuestario del Consejo de Ministros del viernes en el que conocimos el escenario macroeconómico (0,7% de crecimiento del PIB para 2014) y las grandes cifras presupuestarias, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas presentó ayer en el Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, asumiendo el compromiso de un déficit público del 5,8%. Un compromiso que deberá cumplirse estrictamente, tanto porque es conveniente mejorar la credibilidad ante nuestros socios europeos y los mercados financieros como porque un aumento del déficit exigiría aumentos de una deuda pública que superará el billón de euros y que ya está lastrando de forma muy significativa la capacidad de maniobra del Gobierno por el creciente peso del pago de intereses (10,3% del presupuesto, más del doble que los gastos de personal). Con esta restricción, más el gasto por desempleo (8,4%) y, sobre todo, el de las pensiones (35,9% por el aumento del número de perceptores), el margen de maniobra es escaso, pues un aumento de los impuestos ha sido descartado con buen criterio, ya que lastraría la débil recuperación anunciada. De las múltiples variables conjugadas en el proyecto de PGE hay que referirse un año más a la voluntarista previsión de aumento de la recaudación tributaria (2,4%) sin modificar los tipos impositivos; a la debilidad de la inversión (-7,3%), y particularmente del gasto en I+D+i, lo que limita el crecimiento potencial; a la congelación de las retribuciones a los empleados públicos; y, especialmente, al aumento de las pensiones en un 0,25%, lo que significará una pérdida de la capacidad adquisitiva de los pensionistas en 2014 del 1,15% en el supuesto de un aumento de la inflación del 1,4%, "salvo que en la tramitación parlamentaria se acuerde otra cosa", tal como ha apostillado el ministro Montoro para suavizar el impacto de lo que constituye el contenido más relevante del proyecto de presupuesto, y que se encuentra en flagrante contradicción con lo que se ha reiterado desde el Gobierno en las pasadas semanas. No obstante, la sostenibilidad del sistema de pensiones exigía una reforma profunda a la que han venido siendo renuentes los gobiernos de uno y otro signo desde hace más de una década cuando organismos internacionales y especialistas nos animaban a acometerla. En cualquier caso, la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit público por un lado, el elevado gasto en pensiones e intereses de la deuda por otro y la inconveniencia de aumentar los impuestos por otro, hacen muy estrecho el dibujo presupuestario, si bien queda un amplio margen aún por racionalizar el gasto de las administraciones públicas y, en particular, para prescindir de muchos organismos que no disminuirían significativamente el bienestar de los ciudadanos.

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