LOS del año 2010 son los primeros Presupuestos de la Andalucía autonómica en los que los ingresos no financieros disminuyen en relación con el ejercicio anterior. También traen una reducción de la inversión directa de la Junta, que caerá un 6,8% (supondrá 7.112 millones de euros). Para afrontar una crisis que acerca el nivel de desempleo al dramático hito del millón de personas, el proyecto que ha presentado el Gobierno regional esta semana recurre a una notable subida del endeudamiento público y, del lado de la inversión, a paliar la caída de la misma mediante la colaboración de empresas privadas en las obras públicas previstas. Con todo, hay que destacar los recortes muy significativos en los departamentos de Obras Públicas, Vivienda, Medio Ambiente y Cultura, indicativos de una austeridad que puede tener consecuencias negativas a medio plazo. En general podemos llegar a la conclusión de que estamos ante unos Presupuestos que, con cierta calidad técnica, han tratado de compatibilizar dos objetivos que son parcialmente opuestos: estimular a corto plazo la recuperación económica y consolidar la cohesión social, y poner las bases para avanzar hacia una economía más competitiva. Sus redactores saben perfectamente que presenta una alta complicación la idea de cohonestar ambas aspiraciones, y más en un marco de enormes restricciones financieras a causa de la bajada de la recaudación derivada de la crisis económica. Con todo, la Junta ha partido de previsiones que hemos de considerar, de entrada, optimistas. Es optimista, en efecto, prever un crecimiento del PIB de un 0,3% cuando la previsión es que el PIB de España se reduzca, siendo la economía andaluza más estructuralmente vulnerable que la nacional. También lo es la previsión de ingresos por la vía del IRPF y el IVA, dependientes los dos de la evolución económica. Por otra parte, la Junta ha querido subrayar la austeridad como principio inspirador en el gasto, dejando a salvo las partidas esenciales de carácter social, pero esta austeridad no se refleja en materia de personal ni se vislumbra ningún compromiso en relación con la proliferación de organismos y empresas públicas cuya necesidad está siendo cuestionada desde hace años. En este asunto los Presupuestos plasman la voluntad práctica del Gobierno de aplazar la reforma exigible hasta otra coyuntura, en la esperanza de que sea más favorable.