Déjennos en paz. Lo pide el presidente precario del poder judicial a los políticos. Los ciudadanos podríamos hacer lo mismo; solicitar con severidad a los dos grandes partidos que nos dejen en paz de sus peleítas y se ocupen del país. Es una guerra en la que nadie da su brazo a torcer. PSOE y PP dicen que su adversario es tramposo, corrupto. No están dispuestos a pactar entre ellos y cuando encuentran socios indeseables, les llueven los reproches: ¡fascistas!, ¡terroristas!... En resumen, degradan el sistema.

Ahora se batalla por el control de la justicia. La Constitución empieza en su preámbulo hablando del deseo de la nación de justicia, libertad y seguridad. Por este orden. De momento, la justicia en España no es independiente. El mejor ejemplo es el actual Consejo General del Poder Judicial, de claro predominio del PP, fruto de la mayoría absoluta de Rajoy en 2013. Tampoco es moderada; los jueces padecen un enojo morrocotudo.

El PP lleva cinco años sin querer renovar el Consejo, aduciendo múltiples excusas, alguna sólida como la reforma del Código Penal para favorecer a los dirigentes del procés o la propuesta de amnistía. Pero lleva así cinco años y es reincidente. Aznar hizo lo mismo entre 1995 y 1996, con González en la Moncloa. Rajoy repitió la operación de 2006 a 2008, durante el gobierno de Zapatero, y Casado y Feijóo han copiado la fórmula en el último lustro, contra Sánchez. Cuando el PP no tiene mayoría para controlar este órgano, se resiste a renovarlo.

Pero el PSOE no es un espectador inocente. Se ha repartido con los populares listas mejorables de jueces estampillados. En la última ocasión que Pedro Sánchez tuvo oportunidad de dar ejemplo, hace un año nombró magistrados del Constitucional a su ex ministro de Justicia y a una ex directora general de Moncloa. En el combate participan los propios jueces, manifestándose con toga o desde las instituciones. Hasta las elecciones europeas del 9 de junio, con gallegas y vascas en medio, es lo que nos espera en los próximos seis meses.

Un no parar. Jueces del Supremo invalidan a la presidenta del Consejo de Estado. La mayoría popular en el CGPJ declara incompetente al fiscal general. Sánchez nombra a su ex secretario de Estado de Comunicación presidente de EFE y ratifica al desacreditado presidente del CIS. Sin tregua, entran en acción los socios ultranacionalistas. Puigdemont amenaza a Sánchez y le pide una entrevista. La portavoz de Junts llama indecentes a magistrados del Supremo y exige su procesamiento. El PP señala a otro juez del Supremo. Bildu quiere la Alcaldía de Pamplona sin hacer autocrítica de su apoyo a ETA. Abascal desea ver colgado de los pies (se supone que ejecutado previamente, como elDuce) al presidente del Gobierno.

Cada día, un sobresalto. Hay que pedirle a los dos grandes partidos que se entiendan. Y, entretanto, como dice el presidente interino del CGPJ, que rebajen la tensión.