LOS sindicalistas que han organizado la huelga en el Metro de Madrid ya la han perdido. Al haber causado en los primeros días el máximo trastorno posible y haber empleado los medios más contundentes (huelga total, piquetes falsamente informativos, incumplimiento de los servicios mínimos), ya no les queda más capacidad de presión. Todo lo que pueden hacer es retroceder, y ya lo han hecho: hoy y mañana aceptan los servicios mínimos y el fin de semana no pararán. ¿Acaso volverán el lunes a las andadas sabiendo que el gobierno regional no se arredrará? Difícil lo veo.

La han perdido, sobre todo, en otro sentido. De siempre se sabe que uno de los secretos básicos del éxito de una huelga consiste en ganarse a la opinión pública, de modo que los huelguistas acumulen más simpatías que sus adversarios (en este caso, el gobierno de Esperanza Aguirre) y sus reivindicaciones puedan ser comprendidas por los ciudadanos o, al menos, admitidas como un mal menor en el que las molestias y perjuicios que se originan en la vida cotidiana de la gente se sientan parcialmente compensadas por la justicia de una causa noble. Nada de eso se ve en este conflicto.

Quizás el ciudadano entiende el malestar de los trabajadores del Metro madrileño, a los que Esperanza Aguirre les quiere reducir sus sueldos -como han hecho otras comunidades autónomas con sus empleados-, en aplicación del decreto ley de ajuste decidido por Zapatero, contraviniendo el convenio colectivo firmado con la empresa. Lo que no entienden, seguro, es que decidan una respuesta tan desmesurada por un daño infinitamente más leve que el que han sufrido millones de españoles despedidos por la crisis que ellos se niegan a compartir, que coaccionen a aquellos de sus compañeros que hubieran deseado no secundar la protesta y, sobre todo, que lesionen los derechos de cientos de miles de trabajadores que no han podido acudir a sus ocupaciones porque los huelguistas han decidido pasarse por el arco del triunfo la ley que les obliga a prestar unos servicios mínimos precisamente para que el derecho de huelga modere sus consecuencias negativas en la vida de los no huelguistas.

Mientras más espectáculos como éste se contemplan -dejando aparte el lenguaje decimonónico y montaraz de los líderes de la huelga- más se echa de menos que algún gobierno o algún partido se atreva a desarrollar por fin una cosilla que manda la Constitución y que sigue ahí, treinta y dos años después, colgada inútilmente del texto: que la ley que regule los conflictos colectivos "incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad". La lucha sindical es imprescindible; la que aquí se practica se está haciendo cada vez más prescindible.

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