TANTO el fiscal general del Estado y el Tribuna Superior de Justicia de Andalucía, en el ámbito judicial, como la presidenta de la Junta, en el ámbito político, han rechazado sin ambigüedad el acoso de varias decenas de sindicalistas a la juez Mercedes Alaya por la detención, entre otros, de dos dirigentes de UGT y CCOO, en relación con el caso de los ERE fraudulentos.

No podía ser de otro modo, porque la instructora puede ser criticada por cualquiera de sus resoluciones y medidas. En el Estado democrático está garantizada la libertad de expresión, y también lo están los recursos legales a disposición de todo ciudadano, imputado o no, que se sienta perjudicado por una decisión judicial (por cierto, no está justificado que estos detenidos tengan que ser esposados como si fueran peligrosos criminales).

Ahora bien, los derechos a la libre expresión y a la tutela judicial efectiva son una cosa y el acoso, los insultos, las deescalificaciones y las amenazas a una juez en el ejercicio de sus funciones son otra bien distinta. Los liberados y militantes sindicales que se concentraron hasta la madrugada de ayer en los juzgados de Sevilla se confundieron de lugar, de destinatario y, tal vez, de época.

Porque, ¿qué es eso de gritarle fea y hortera a una representante del poder judicial que persigue un delito? ¿A qué viene corear "¡Libertad, libertad, libertad!" al aparecer los detenidos y saludar con un "¡Viva la lucha de la clase obrera!" su puesta en libertad (con cargos)? Lo primero remite al hermoso grito de combate contra la dictadura franquista, hace casi cuarenta años. Ahora no estamos en ninguna dictadura.

Lo segundo pretende hacer creer que la juez Alaya está obstaculizando la lucha de la clase obrera. Ocurre que la juez, equivocada o no, no mantiene una guerra particular contra la clase obrera. Ni siquiera contra los sindicatos. Su misión es, en el caso que ha originado esta algarada, investigar si dos sindicalistas concretos cobraron comisiones ilegítimas en la negociación de un expediente de regulación de empleo. Es decir, si se apropiaron de fondos públicos que no les correspondían, para sí mismos o para sus sindicatos.

De modo que sobra toda esa estética novecentista delante de los juzgados y esa épica de cuando no teníamos libertad. Aquí no hay palacios de invierno que tomar, sino independencia de los jueces que respetar. Nos gusten más o menos.