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Mientras el Gobierno se ocupaba del frente catalán, en el sur de España ha surgido una revuelta inesperada y arriesgada desde la óptica electoral. En las regiones agrarias, de menor renta y más paro del país, se ha producido una protesta airada. Y tres de las cuatro comunidades indignadas son tradicionales feudos socialistas: Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía, en donde el auge de Vox, como en Murcia, ha sido notable el año pasado. El nuevo Gabinete ha tomado una medida social destacada, de la que ha hecho alarde. El jueves se firmaba en el palacio de La Moncloa el acuerdo entre patronal y sindicatos que situaba el salario mínimo en 950 euros al mes.

Pero esta subida es compleja. El nivel de vida es muy diferente de unas regiones a otras. No es lo mismo subir el SMI en Extremadura y Andalucía, con un PIB per cápita de 19.000 euros, que en Madrid o el País Vasco, que están en 35.000. Hay que ponderar para encontrar un equilibrio. En trabajos poco cualificados en las autonomías más pobres y en sectores como el agrario con márgenes muy cortos la subida puede provocar pérdida de empleo. El presidente socialista de Extremadura considera que para sus agricultores era mucha subida.

El mismo jueves 30, en Jaén hubo una manifestación de olivareros. Allí más que por el SMI, protestaban porque se ofrece un precio que está por debajo del coste de producción. La razón es que en septiembre el excedente era de 750.000 toneladas, equivalente al consumo nacional de año y medio. Rechazaban también los aranceles con los que Trump quiere castigar a los países socios de Airbus. La inquietud ha aumentado porque las dos primeras licitaciones de la UE para subvencionar almacenamiento fueron para cantidades ridículas.

Los olivareros piden a la UE que les deje autorregularse y hacer retiradas por su cuenta para sostener los precios, que complementen las ayudas comunitarias al almacenamiento privado. Y que Estados Unidos retire las sanciones a la agricultura por un contencioso industrial. Se quejan de inacción del Ministerio, lo que ha llevado a Luis Planas a convocar mañana una reunión para sofocar el incendio. Un problema de este sector es que hay pocos operadores que compren y muchísimos vendedores, con lo que el precio lo fijan los compradores. Se calcula que sólo cinco industriales compran la mitad de la producción mundial. Esa atomización no es culpa ni de Trump, ni de la UE, ni de las autoridades nacionales...

Los agricultores protestan también por la competencia desleal que hacen productores de terceros países en los mercados europeos sin cumplir las exigencias medioambientales y sociales establecidas en la UE. Aquí vuelve tener incidencia el discurso ultranacionalista de Vox en defensa de lo local y de sus tradiciones. A Sánchez se le ha abierto el frente sur por la agricultura, casi sin darse cuenta.

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